Cuatro décadas de Uchuraccay: La investigación que desmantela la versión oficial de la masacre de periodistas en Perú

El 26 de enero de 1983 quedó marcado como una de las fechas más sombrías en la historia del periodismo latinoamericano y del conflicto interno peruano. Ocho reporteros, un guía local y un comunero fueron linchados a más de 4.000 metros de altura en la remota comunidad andina de Uchuraccay, en la región de Ayacucho. Aquellos hombres buscaban confirmar sobre el terreno las versiones de matanzas perpetradas tanto por la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso como por las comunidades campesinas. Cuatro décadas después, una nueva investigación de rigor cuestiona los cimientos de la versión que el Estado dio por definitiva.
La narrativa oficial que dominó la opinión pública durante décadas provino de una comisión investigadora designada por el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry y encabezada por el laureado escritor Mario Vargas Llosa. Las conclusiones de aquel informe señalaron que los comuneros quechuahablantes, sumidos en un clima de terror y advertidos por los mandos militares de que cualquiera que llegase a pie era enemigo, confundieron a los periodistas hispanohablantes con senderistas. Para Vargas Llosa, fue una tragedia motivada por el choque entre «el país oficial y moderno» y «el país arcaico e ignorado».
La refutación del «choque cultural»
Sin embargo, este paradigma es frontalmente rebatido en el libro «¡Dame tu cámara, carajo! Estrategia militar, paramilitarismo y masacre en Uchuraccay», obra de Carlos Infante, sociólogo de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga e hijo de Octavio Infante, uno de los periodistas asesinados. Infante sostiene que reducir la masacre a un malentendido lingüístico o a una histeria colectiva aísla deliberadamente el suceso del contexto sociopolítico y de la doctrina antisubversiva de la época.
Entre sus argumentos centrales, el autor desmiente categóricamente la barrera idiomática:
- Conocimiento del quechua: Su padre y otros integrantes de la comitiva hablaban la lengua local con fluidez y se identificaron debidamente como reporteros.
- Silenciamiento intencionado: Los periodistas se dirigían a documentar la matanza previa ocurrida en Huaychao, por lo que su eliminación fue una medida deliberada de los líderes comunales para encubrir su rol en dichos crímenes.
- Estructura paramilitar: Infante sostiene que no se trató de una reacción espontánea de más de 400 aldeanos, sino de una operación ejecutada por unos 35 comuneros cooptados y estimulados por el alto mando militar para actuar como grupos de choque.
Un debate que trasciende al pasado
La tesis de Carlos Infante contrasta tanto con el informe de Vargas Llosa como con el balance de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que si bien denunció el abandono estatal y el desamparo de las comunidades, no llegó a calificar a los comuneros como una fuerza paramilitar formalmente constituida. Otros académicos contemporáneos, por su parte, continúan defendiendo que la violencia de las comunidades obedecía a un estado de zozobra extrema y desinformación generada por el propio Ejército.
Esta reapertura del debate histórico adquiere una resonancia particular en la coyuntura política que atraviesa Perú, donde sectores conservadores han impulsado revisiones a los contenidos escolares y museos sobre la guerra interna, buscando sustituir el concepto de «conflicto armado interno» por el de «lucha antiterrorista». Con esta obra, Infante no solo rinde tributo a la memoria de su padre, sino que reactiva un examen pendiente sobre la responsabilidad estatal en las heridas que aún no cierran en el tejido social andino.