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Delcy Rodríguez prohíbe las detenciones sin orden judicial y promete apertura política en Venezuela

Publicadojue, 29 oct 2026, 1:00 p. m.
Delcy Rodríguez prohíbe las detenciones sin orden judicial y promete apertura política en Venezuela

En lo que marca un giro significativo dentro del convulso panorama institucional de Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, emitió una orden categórica a los cuerpos policiales y de inteligencia del país: ninguna persona podrá ser detenida sin una orden judicial previa, exceptuando únicamente las situaciones de flagrante delito.

El pronunciamiento se produjo durante una alocución dirigida a la nación, emitida momentos antes de una esperada rueda de prensa de la dirigente opositora María Corina Machado. En su intervención, Rodríguez aseveró que el Estado protegerá el derecho de la ciudadanía a discrepar. "Todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo", subrayó la gobernante, añadiendo que la manifestación pacífica está contemplada en la Constitución, siempre que preserve la integridad física de las fuerzas de seguridad.

Un giro tras la captura de Nicolás Maduro

Estas directrices forman parte de la agenda de transformaciones iniciada por Rodríguez tras asumir la jefatura del Estado designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a raíz de la detención de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses en enero. Desde entonces, y en medio de una intensa presión de la comunidad internacional y de Washington, la administración interina ha flexibilizado las restricciones políticas y ha impulsado la renovación del sistema de justicia.

Como parte de esta apertura, Rodríguez defendió el impacto de la Ley de Amnistía promovida ante el Parlamento, asegurando que el mecanismo ha alcanzado a casi 9,000 ciudadanos y ha permitido la excarcelación de más de un millar de personas consideradas presos políticos.

Revisión de la controvertida 'Ley contra el Odio'

La mandataria reconoció abiertamente que la controvertida Ley contra el Odio —cuestionada con dureza por organizaciones de derechos humanos y la oposición durante años— fue empleada de forma "abusiva". Ante este escenario, reiteró su exhortación al Legislativo para acelerar una consulta pública que reforme este marco legal y permita revisar de inmediato los expedientes de todos aquellos que fueron procesados bajo sus preceptos.