El punto ciego de la COP31: la carrera por los minerales críticos y el dilema de una transición verdaderamente justa

No existe aerogenerador, batería, vehículo eléctrico o panel solar que pueda materializarse sin materias primas estratégicas. El litio, el níquel, el cobalto, el grafito y las tierras raras constituyen los pilares indispensables para abandonar los combustibles fósiles. Sin embargo, en el marco de la 31 Conferencia de las Partes sobre cambio climático (COP31), celebrada en la ciudad costera de Antalya, Turquía, estos recursos indispensables permanecen prácticamente marginados de la mesa formal de negociaciones, mientras en los pasillos de la geopolítica global se pactan alianzas mineras bilaterales al margen del sistema de Naciones Unidas.
Esta evidente desconexión deja sobre el tapete una interrogante urgente: ¿puede calificarse de «justa» una transición energética que ignora el origen de sus materias primas, su control geopolítico y el impacto socioambiental sobre las comunidades donde yacen los yacimientos? Con la mayor parte de las reservas concentradas en el Sur global, el riesgo inminente reside en sustituir el extractivismo fósil tradicional por una nueva variante de despojo minero.
El reclamo de los territorios: de partes consultadas a titulares de derechos
Para los pueblos originarios, el dilema no admite abstracciones. Joan Carling, directora ejecutiva de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) y galardonada con el Premio Right Livelihood, advierte que los territorios indígenas albergan alrededor del 54 % de los yacimientos de minerales críticos requeridos para la electrificación mundial. Aunque la anterior cumbre de Belém (COP30) reconoció formalmente sus derechos territoriales y el consentimiento libre, previo e informado, la activista subraya que el reconocimiento en papel no se traduce en poder de decisión.
«Son nuestros recursos y serán nuestras tierras las que se utilicen para la transición, pero no estamos sentados en la mesa donde se toman las determinaciones», apunta Carling. La líder indígena denuncia que el modelo extractivo histórico ha devastado cuencas hidrográficas y sistemas alimentarios, advirtiendo que los objetivos climáticos no pueden convertirse en un cheque en blanco para atropellar la autonomía de las comunidades.
Valor agregado frente al riesgo de la primarización
El debate también toca de cerca a las economías emergentes con abundancia geológica. Países como Brasil —que posee cuantiosas reservas de grafito, níquel, litio y niobio— buscan evitar el rol histórico de simples exportadores de materia prima bruta mientras las potencias industrializadas acaparan las fases lucrativas del procesamiento y la manufactura tecnológica.
Especialistas en derecho minero como Gabriella Salazar argumentan que los acuerdos de la cumbre deberían reconocer formalmente a estos minerales como el engranaje central de la cadena de descarbonización. Ese paso institucional permitiría canalizar inversión, transferencia tecnológica y desarrollo industrial hacia los países de origen, permitiéndoles refinar y fabricar componentes de alto valor añadido en sus propios suelos.
En paralelo, dentro de la COP31 se perfila el diseño de un Mecanismo de Transición Justa. Annabella Rosemberg, asesora principal de la Red de Acción Climática (CAN), destaca que, aunque los borradores actuales incluyen menciones al valor agregado y los derechos comunitarios, el mayor desafío radica en la implementación real. Para Rosemberg, la narrativa oficial prioriza la velocidad del despliegue tecnológico por encima de las salvaguardas sociales.
Un vacío institucional en plena carrera geopolítica
Mientras la diplomacia climática de la ONU debate principios generales en Turquía, la arquitectura real de los minerales críticos se está forjando a través de pactos multilaterales cerrados, como las recientes discusiones en el bloque ASEAN o los acuerdos del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad), integrado por Estados Unidos, Japón, India y Australia. Análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) revelan que más de un centenar de acuerdos comerciales recientes ya incorporan cláusulas estratégicas sobre minerales críticos, operando con total independencia de las directrices climáticas de la ONU.
Michael Franczak, investigador del Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas, advierte sobre la peligrosa ausencia de un marco regulatorio global que unifique el comercio, la energía, el desarrollo y los derechos humanos en el sector extractivo. A su juicio, dar por sentado que las tecnologías limpias generan automáticamente justicia distributiva es un error histórico. Si la gobernanza internacional no actúa con urgencia para fijar reglas equitativas, la economía verde terminará reproduciendo las mismas asimetrías coloniales que promete superar.