Crisis institucional y judicial en Cornell

El prestigio de la Universidad de Cornell, una de las instituciones más tradicionales de la Ivy League en el norte de Nueva York, atraviesa un momento crítico tras la presentación de una demanda civil de 101 páginas interpuesta por una exestudiante, identificada como Jane Doe. El documento legal denuncia una presunta agresión sexual múltiple perpetrada por varios miembros de la fraternidad Chi Phi a finales de 2024, un caso que inicialmente fue desestimado por las autoridades locales y que ahora ha sido reabierto ante la indignación pública y fallos notorios en el manejo inicial de las evidencias.

La gravedad de la situación motivó una intervención estatal de alto nivel. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, retiró de las pesquisas al fiscal de distrito del condado, Mathew Van Houten, señalando una pérdida total de confianza en su gestión. Como consecuencia, la fiscal general del estado, Letitia James, asumió la causa en calidad de fiscal especial con plenas facultades para instruir cargos penales y presentar el expediente ante un gran jurado.

La cronología de los hechos en la casa Chi Phi

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos contenida en el recurso legal, los sucesos comenzaron en la noche previa a la madrugada del asalto, cuando la joven Doe, entonces estudiante de segundo año, asistió a varios bares en Ithaca donde consumió alcohol pese a portar marcas y brazaletes de minoría de edad. Alrededor de las 11:00 p.m., la víctima llegó a la casa de la sección Xi de la fraternidad Chi Phi en un estado visible de embriaguez.

En el inmueble, varios miembros de la fraternidad presuntamente le suministraron más bebidas alcohólicas y la presionaron para inhalar ketamina. En un estado de incapacidad casi total para consentir, Doe fue objeto de agresiones sexuales continuadas durante horas por parte de múltiples individuos. Los registros de la demanda señalan que uno de los atacantes llegó a publicar en un grupo de mensajería instantánea de la fraternidad invitando a otros miembros a la habitación. La agresión se prolongó hasta cerca de las 5:45 a.m., momento en que la víctima perdió por completo el conocimiento.

Negligencia médica y exclusión de pruebas clave

El proceso posterior a los hechos revela serias fallas en los protocolos de respuesta y atención a la víctima:

• Atención clínica deficiente: Días después del ataque, la joven acudió al centro de salud del campus (Cornell Health) reportando dolor severo y sospechas de traumatismo; sin embargo, no se activó el protocolo correspondiente ni se le practicó de inmediato un examen forense para recolección de indicios biológicos.
• Omisión de testimonios: Aunque la estudiante declaró formalmente ante la policía del campus que había sido violada de forma contundente, el resumen de seis páginas que los agentes remitieron a la fiscalía local no incluyó su declaración directa sobre el ultraje sexual ni la totalidad de las evidencias testimoniales.
• Archivo apresurado: Apoyado únicamente en este documento recortado y en capturas parciales de redes sociales, el fiscal local archivó el caso a finales de 2024, argumentando que no se configuraba delito penal.

Acciones disciplinarias y reapertura del proceso penal

Pese a que una investigación interna posterior bajo el marco del Título IX entrevistó a decenas de involucrados y derivó en la disolución formal del capítulo de Chi Phi en el campus, la demandante denunció que la mayoría de los señalados enfrentó sanciones leves. Durante esas indagatorias universitarias, cuatro implicados reconocieron contacto íntimo pero alegaron consentimiento, ofreciendo versiones contradictorias entre sí.

La difusión nacional de la demanda civil forzó tanto a la universidad como a las autoridades a rectificar. Cornell respaldó la intervención de la fiscalía especial, mientras la fiscal Letitia James avanza en la revisión integral de las pruebas no procesadas. El caso no solo expone las dinámicas de impunidad asociadas a la vida de fraternidades universitarias en Estados Unidos, sino que pone a prueba la transparencia de los sistemas de justicia y la rendición de cuentas dentro de la élite académica.