El anuncio de un acuerdo energético sin precedentes entre los gobiernos de Washington y Caracas prometía transformar el tablero geopolítico y petrolero de la región. El pacto contempla otorgar el control mayoritario de 17 yacimientos con unos 65.000 millones de barriles de crudo —lo que representa el 21,5% de las reservas probadas de Venezuela y supera en un 141% las reservas totales de Estados Unidos—. Sin embargo, el movimiento más revelador en los pasillos corporativos no ha sido la firma del documento, sino la marcada ausencia de los pesos pesados de la industria energética estadounidense.

Ni ExxonMobil ni ConocoPhillips, corporaciones con músculo financiero, infraestructura tecnológica y décadas de historial operativo, han querido estampar su firma en el pacto. Incluso Chevron, la única gran compañía norteamericana que mantiene operaciones en suelo venezolano, optó por un camino independiente: suscribió un acuerdo separado para elevar su producción a 600.000 barriles diarios mediante una inversión de 7.000 millones de dólares, financiada exclusivamente con los rendimientos generados dentro del propio país, sin arriesgar capital fresco desde sus matrices.

Un actor inesperado y viejas heridas contractuales

Ante el repliegue de los gigantes de la energía, la explotación de estos estratégicos campos quedó asignada a North American Blue Energy Partners (Nabep), una entidad radicada en Barbados con escaso recorrido público en el sector global. Bajo el esquema pactado, el gobierno estadounidense retiene un 35% de participación en Nabep y el derecho preferente a adquirir a precio de costo el 20% de la producción. Este consorcio asumirá el reto de canalizar una inversión estimada en 100.000 millones de dólares, cifra que analistas consideran indispensable para revitalizar una industria venezolana que pasó de bombear más de 3 millones de barriles diarios a finales de los noventa a poco más de un millón en la actualidad.

La cautela de los titanes de la industria no es casual. Directivos como Darren Woods, consejero delegado de ExxonMobil, han dejado claro que las estructuras regulatorias y los marcos comerciales vigentes hacen que el país resulte inviable para la inversión a gran escala sin garantías institucionales permanentes. A esto se suma el amargo recuerdo de las expropiaciones masivas de 2007, que derivaron en millonarios litigios internacionales en los que tribunales de arbitraje ordenaron compensaciones superiores a los 8.700 millones de dólares en favor de ConocoPhillips y cerca de 985 millones para ExxonMobil, deudas que en gran medida siguen pendientes de cobro o en procesos judiciales de ejecución.

Riesgo político e incertidumbre legal sobre la mesa

Detrás del desinterés de las multinacionales también pesa la naturaleza volátil del entorno político. Las inversiones en hidrocarburos demandan horizontes de maduración de entre 10 y 15 años para ser rentables. En contraste, el pacto actual descansa sobre un alineamiento coyuntural entre la administración de Donald Trump y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, un equilibrio que analistas catalogan de alta fragilidad y expuesto a giros drásticos ante cualquier relevo institucional en Washington o Caracas.

Asimismo, diversos especialistas advierten sobre un terreno minado en el plano legal. La adjudicación de los 17 bloques se concretó sin licitación pública previa, amparada en la llamada Ley Antibloqueo, y contempla concesiones de hasta 100 años con derechos de control foráneo que chocan frontalmente con el ordenamiento constitucional venezolano. Para los departamentos de cumplimiento normativo y los directorios de las grandes petroleras cotizadas en bolsa, involucrarse en contratos cerrados bajo estas condiciones, y junto a figuras controvertidas en la gestión de Nabep, constituye un riesgo reputacional y operativo que prefieren no asumir hasta que exista un marco institucional plenamente legitimado por las urnas.