Paraguay atraviesa una de sus crisis institucionales más convulsas en años recientes. El presidente Santiago Peña presentó formalmente su renuncia a la jefatura de Estado acorralado por el escándalo financiero de Ueno Bank, pero la jugada política dio un giro inesperado: el Congreso Nacional decidió no aceptar su dimisión y, en su lugar, avanzó con un proceso de juicio político para destituirlo de manera fulminante. La maniobra, respaldada tanto por sectores de la oposición como por legisladores de su propia organización, el gobernante Partido Colorado, busca despojarlo de cualquier blindaje legal antes de que abandone el Palacio de López.

La estrategia de los fueros y la pérdida de respaldo

La aparente contradicción de que los bloques opositores rechazaran la salida voluntaria de un gobernante al que adversan responde a una estricta táctica jurídica. De acuerdo con el ordenamiento constitucional paraguayo, si la renuncia de Peña hubiese sido admitida, el mandatario habría asumido de forma automática la investidura de senador vitalicio. Dicha condición le otorgaría inmunidad parlamentaria frente a la investigación penal que ya abrió el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. Al forzar la destitución mediante juicio político, las cámaras legislativas garantizan que quede procesable sin necesidad de un complejo trámite de desafuero.

El aislamiento de Peña quedó sellado cuando el expresidente Horacio Cartes, líder hegemónico del Partido Colorado y su principal mentor político, le retiró el apoyo público y dio vía libre para que el oficialismo respaldara el enjuiciamiento en la Cámara de Diputados y el Senado. Mientras en los alrededores del Palacio Legislativo en Asunción se registraban incidentes y movilizaciones ciudadanas, el mandatario comunicó a través de sus canales oficiales que permanecerá en su residencia, asegurando que se someterá al proceso constitucional para ejercer su defensa y cooperar con el esclarecimiento de los hechos.

El colapso de Ueno Bank: el epicentro del escándalo

El detonante que dinamitó la administración de Peña fue la intervención forzosa de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay, luego de determinarse que la entidad registraba un déficit de capital crítico, situado por debajo de la mitad del mínimo regulatorio exigido. La parálisis operativa del banco afectó a casi tres millones de usuarios —en una nación de apenas 6.5 millones de habitantes—, congelando depósitos cotidianos, las pensiones de unos 32,000 jubilados y alrededor de 850 millones de dólares en recursos públicos pertenecientes al Instituto de Previsión Social, la distribuidora estatal de electricidad y la represa hidroeléctrica de Itaipú.

Los pliegos acusatorios presentados en el Congreso imputan al gobernante por mal desempeño de funciones y conflicto de intereses. La investigación parlamentaria sostiene que Peña, quien fungió como accionista del consorcio propietario de Ueno Bank hasta el año previo a su asunción presidencial, utilizó su investidura para canalizar fondos estatales y apuntalar a una firma bancaria con la que mantenía estrechos vínculos patrimoniales. El caso marca un punto de inflexión en la política paraguaya, donde las calles exigen cuentas claras sobre el destino de los ahorros públicos y privados.