El gobierno federal de Estados Unidos concluyó un intenso despliegue migratorio de 30 días en el estado de Nueva York que dejó como saldo la detención de 2,100 personas. El anuncio fue realizado por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, quien defendió la intervención y criticó abiertamente la falta de cooperación de las autoridades estatales y municipales.

Bajo el nombre de “Operación Manzana Podrida”, el operativo se concentró en la ciudad de Nueva York, Long Island y el valle del Hudson. De acuerdo con las declaraciones oficiales, las acciones estuvieron dirigidas a sacar de las calles a individuos señalados por delitos graves, entre ellos integrantes de pandillas, agresores sexuales y homicidas. Sin embargo, el funcionario federal precisó que la administración continuará procesando y deportando a cualquier persona en situación irregular, cuente o no con antecedentes penales.

Tensión por las políticas de ciudad santuario

Durante su comparecencia, Mullin arremetió contra la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, señalando que las normativas locales de protección al inmigrante dificultan la labor de las agencias federales. En particular, cuestionó la reciente legislación estatal que restringe los acuerdos 287(g), mecanismo que facilitaba la colaboración directa entre cuerpos policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El titular del DHS argumentó que estas restricciones han provocado la liberación penitenciaria de aproximadamente 13,000 personas que tenían órdenes de detención migratoria pendientes, advirtiendo que continuarán enviando personal federal para intervenir en la demarcación.

Medidas operativas y protocolo electoral

Respecto a los próximos comicios de medio mandato, las autoridades descartaron realizar patrullajes en las inmediaciones de los centros de votación, salvo que se presente una amenaza inminente a la seguridad o se deba ejecutar una orden judicial específica en el lugar. Asimismo, se anticipó que para finales de noviembre los agentes asignados a tareas de campo comenzarán a utilizar cámaras corporales reglamentarias como medida de transparencia y resguardo mutuo.