El reciente acuerdo energético suscrito entre la administración interina de Delcy Rodríguez y el gobierno estadounidense de Donald Trump ha desatado una tormenta política en torno al manejo de los recursos estratégicos de Venezuela. El convenio, que otorga derechos de explotación por 100 años sobre 17 yacimientos con reservas calculadas en unos 65.000 millones de barriles de crudo, enfrenta severos cuestionamientos de sectores que denuncian una vulneración flagrante a la soberanía nacional.

Desde su exilio en Roma, Rafael Ramírez, quien dirigió la industria petrolera venezolana durante una década bajo el mandato de Hugo Chávez, calificó el pacto como una concesión sin precedentes en la era moderna. De acuerdo con el exfuncionario, entregar más del 23% de las reservas petroleras a North American Blue Energy Partners (NABEP) —firma ligada al controvertido empresario Alejandro Betancourt y con participación de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa de EE. UU.— replica esquemas coloniales y deja al país bajo un tutelaje similar al aplicado en Irak tras la invasión norteamericana.

Fondos retenidos y ecos del pasado

Ramírez advierte que la estructura financiera impuesta consolida la pérdida de autonomía económica. Según detalla, desde inicios de año los ingresos derivados de la comercialización del crudo venezolano han ido a parar a cuentas del Tesoro de los Estados Unidos, acumulando más de 16.200 millones de dólares fuera del alcance directo del Estado. A su juicio, la derogación de la ley petrolera de 2002 para facilitar este arreglo sitúa la política energética del país en un retroceso histórico comparable a las concesiones de inicios del siglo XX durante el régimen de Juan Vicente Gómez.

Frente a las proyecciones oficiales que prometen 200.000 millones de dólares en ingresos fiscales durante los próximos 25 años, el exdirectivo contrasta que durante su gestión PDVSA aportó más de medio billón de dólares al fisco en tan solo una década, montos que sostenían el andamiaje macroeconómico nacional. Además, desestima la capacidad técnica de la compañía asignada, señalando que carece de la experiencia y envergadura de las multinacionales tradicionales como Chevron, Repsol o ENI para levantar la decaída extracción.

Sombras de corrupción y crisis de legitimidad

El debate también reaviva las críticas sobre la gestión del propio Ramírez al frente de PDVSA (2004-2014), período en el que la deuda de la estatal escaló hasta los 65.000 millones de dólares y tras el cual surgieron múltiples expedientes judiciales por presunta malversación y desvío de fondos investigados tanto en Venezuela como en tribunales de Andorra y Suiza. Ramírez niega cualquier responsabilidad en la debacle operativa y achaca el desplome de la producción —que cayó de 3 millones a menos de 400.000 barriles diarios— a las purgas, privatizaciones de facto y mala administración durante la gestión de Nicolás Maduro.

Finalmente, el exministro enfatizó que la actual administración carece de la legitimidad constitucional necesaria para atar las manos del Estado por un siglo. Subraya que un gobierno provisional originado tras la captura de Maduro y la ausencia absoluta presidencial tiene como único mandato convocar a elecciones libres en un plazo estipulado, por lo que cualquier compromiso sobre los activos primarios de la nación carece de validez legal y terminará siendo un pesado lastre para los próximos líderes del país.