Paraguay atraviesa una de las crisis institucionales más intensas de su historia reciente. En una jornada sin precedentes, el Senado de la nación resolvió por unanimidad —con 44 votos a favor y una sola ausencia— destituir de su cargo al presidente Santiago Peña mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. Apenas horas después del fallo legislativo, las fuerzas policiales ejecutaron una orden de detención emitida por el Ministerio Público, dejando al exmandatario bajo arresto domiciliario en su residencia de Asunción, a la espera de comparecer ante la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía.

Tras consumarse la salida de Peña, el hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana prestó juramento ante el pleno del Congreso Nacional para asumir la jefatura de Estado y completar el mandato constitucional que se extiende hasta agosto de 2028. Se trata del segundo juicio político que derroca a un mandatario en la etapa democrática paraguaya desde la histórica destitución de Fernando Lugo en 2012.

La maniobra frustrada en el Congreso

El detonante de este desenlace fue el estrepitoso colapso e intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras más influyentes del país, tras revelarse graves fallas de solvencia advertidas por el Banco Central del Paraguay (BCP). Peña intentó aplacar el fuego dimitiendo a su cargo el jueves; sin embargo, sectores legislativos interpretaron el gesto como una maniobra calculada para obtener los fueros automáticos que otorga la senaduría vitalicia y así eludir a la justicia ordinaria.

La jugada no prosperó: los legisladores rompieron el quórum de la sesión conjunta donde se evaluaría la dimisión y activaron con celeridad el juicio político. Con la destitución consumada, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández confirmó la incorporación de Peña al expediente penal, proceso que ahora encabeza un equipo especial liderado por la fiscal adjunta Nancy Salomón.

Los cargos y el impacto social del escándalo

El pliego acusatorio presentado contra el expresidente detalla serios indicios de irregularidades y conflictos de interés:

• Vínculos societarios indebidos: Peña mantuvo participación accionaria millonaria en el conglomerado matriz de Ueno Bank hasta el año 2025, ya en pleno ejercicio de la presidencia.
• Desvío de fondos públicos: Se investiga la colocación de recursos millonarios del Instituto de Previsión Social (IPS) —organismo encargado de las pensiones y la salud laboral de los trabajadores— en las arcas del banco intervenido.
• Enriquecimiento patrimonial: Se indagan préstamos preferenciales otorgados al exgobernante y beneficios económicos que podrían configurar enriquecimiento ilícito.

La incertidumbre por el destino de los ahorros de miles de ciudadanos desató jornadas de intensas protestas en el centro de Asunción. Tras conocerse la condena legislativa y la orden de detención, las inmediaciones del Palacio Legislativo se llenaron de celebraciones entre jubilados, estudiantes y clientes afectados, quienes ahora exigen que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias y se garantice la devolución íntegra de sus fondos.