Una jornada histórica y de máxima tensión en Asunción

El escenario político de Paraguay vivió un giro dramático este jueves tras la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados para iniciar un juicio político contra Santiago Peña, quien apenas horas antes había hecho pública su renuncia a la presidencia de la República. Con 78 votos a favor y sin votos en contra, los legisladores dieron curso a la acusación por considerar que incurrió en un «grave y sistemático mal desempeño de sus funciones», remitiendo formalmente el caso al Senado para el desenlace del proceso institucional.

El colapso de Ueno bank: el epicentro del escándalo

El detonante de esta profunda crisis institucional reside en la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de ordenar la intervención y el cierre por resolución de Ueno bank. La entidad financiera, a la que el exmandatario ha sido fuertemente vinculado, había recibido millonarios depósitos procedentes de diversas entidades del Estado a lo largo de su administración.

La gravedad del caso escaló de manera vertiginosa luego de que los reguladores detectaran que el índice de solvencia del banco se desplomó a menos del 50 % del mínimo legal requerido. La situación desató la alarma nacional, dado que la entidad albergaba a unos 2.9 millones de clientes dentro de un país con una población de apenas 6.1 millones, congelando de golpe los ahorros y fondos operativos de miles de ciudadanos.

Mensaje a la nación y reclamos de cárcel

Mientras el debate parlamentario se intensificaba, Peña difundió una declaración grabada en la red social X para comunicar su salida del poder Ejecutivo:

«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», manifestó el exgobernante, quien ofreció disculpas a la población aunque eludió asumir culpas directas sobre el descalabro financiero.

Lejos de apaciguar las aguas, la dimisión provocó encendidos reclamos en el Congreso. Legisladores de diversas bancadas catalogaron el hecho como un bochorno internacional; el diputado Carlos Pereira exigió que los culpables de la quiebra bancaria respondan ante la justicia ordinaria con penas de prisión, mientras que la parlamentaria Rocío Vallejo denunció la existencia de una estructura premeditada para desviar dineros públicos hacia dicha entidad.