El optimismo que algunos sectores en Wall Street han venido alimentando sobre una resolución rápida y favorable para la deuda de Venezuela podría chocar pronto con una compleja realidad financiera. Las proyecciones de la consultora estadounidense Signum Global advierten que los tenedores de bonos enfrentan riesgos de pérdidas sustancialmente más profundas de lo previsto, en medio de un proceso de reestructuración que no solo tardará más tiempo en concretarse, sino que impondrá condiciones mucho más severas para los inversionistas privados.

De acuerdo con Rafael Ch, socio y analista sénior para América Latina y mercados emergentes de la firma, el mercado está pasando por alto tanto la magnitud de las quitas que se exigirán como las presiones políticas de Washington para lograr un alivio drástico en el balance de Caracas.

Un pasivo que podría superar los US$200.000 millones

Uno de los principales focos de incertidumbre radica en el verdadero tamaño de las obligaciones venezolanas. Mientras la deuda oficialmente reconocida ronda los US$160.000 millones, la falta de verificación contable independiente podría elevar el total por encima de los US$200.000 millones.

Este incremento potencial responde a dos factores determinantes:

• Facturas comerciales de PDVSA: Entre US$30.000 millones y US$40.000 millones en reclamos que aún no cuentan con auditoría externa y que podrían ser incluidos en la mesa de negociación si la petrolera estatal retiene su rol neurálgico.
• Compromisos bilaterales: Un volumen significativo de deudas acumuladas, particularmente con China, cuyos pagos mediante suministros de crudo se han visto severamente mermados o suspendidos.

Aunque un comité ad hoc de acreedores ya articula cerca del 40% del capital pendiente, el análisis subraya que dicha coordinación difícilmente tendrá el peso necesario para contrarrestar las directrices geopolíticas y financieras que impondrá Estados Unidos.

Diferencias en Washington y demoras técnicas

El calendario de las negociaciones también se proyecta cuesta arriba. El indispensable Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) —herramienta técnica para definir la verdadera capacidad de pago del país— difícilmente verá la luz antes del tercer trimestre de 2026. A este retraso se suman visiones encontradas dentro de la administración estadounidense: mientras el Departamento de Estado se inclina por imprimir mayor celeridad al expediente venezolano, el Departamento del Tesoro prefiere sujetarse a un esquema convencional respaldado rigurosamente por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, el nuevo andamiaje de contratos de participación productiva en el sector hidrocarburos, negociados de forma individualizada, complica trazar proyecciones claras sobre los ingresos fiscales futuros.

La recuperación petrolera no despega al ritmo esperado

El escepticismo sobre la capacidad de pago de Venezuela se fundamenta, en última instancia, en el modesto desempeño de su industria petrolera. La extracción de crudo apenas ha sumado unos 100.000 barriles diarios en el último semestre, frenada por la cautela de las operadoras internacionales ante la falta de garantías regulatorias e institucionales.

Las metas inmediatas se sitúan en un rango modesto de entre 1,2 millones y 1,3 millones de barriles diarios, desplazando la aspiración de alcanzar los 1,5 millones hasta finales de 2027. Aunque el FMI proyecta tasas de crecimiento económico para el país del 5% en 2026 y del 7% en 2027, el informe recalca que un repunte de la actividad productiva no se traducirá automáticamente en ingresos fiscales suficientes para satisfacer las demandas de los acreedores, dejando a los inversionistas en un escenario de prolongada incertidumbre y mayores sacrificios de capital.