En una movida contundente dentro de los mercados de capitales, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confirmó que ejecutará la adquisición de hasta US$6,000 millones en deuda pública de largo plazo. La operación forma parte de la estrategia expandida impulsada por el secretario Scott Bessent, orientada a calmar las tensiones financieras y amortiguar el incremento constante en los costos de endeudamiento del gobierno norteamericano.

El límite máximo anunciado triplica con creces la cifra prevista inicialmente en agosto, cuando la meta se fijaba en apenas US$2,000 millones. Aquella hoja de ruta original fue replanteada a mediados del mes pasado para dar cabida a una mayor capacidad de intervención estatal frente a la volatilidad de los títulos soberanos.

Impacto directo en los rendimientos de largo plazo

El objetivo de esta recompra se concentra prioritariamente en los bonos del Tesoro con vencimientos pactados entre 20 y 30 años. Pese a la inyección de liquidez, estos instrumentos mantuvieron presiones a la baja en sus precios, llevando la rentabilidad del bono a 30 años a rozar niveles del 5.38%, cifras cercanas a máximos no observados desde el año 2007.

La presión sobre las tasas de interés se ha extendido a nivel global, impulsada por el encarecimiento de los combustibles y los energéticos tras el choque geopolítico entre Washington y Teherán. Este escenario ha forzado a la Reserva Federal, ahora liderada por Kevin Warsh, a reactivar las alzas en los tipos de referencia nocturnos para contener las presiones inflacionarias.

Debate abierto en torno a la sostenibilidad fiscal

Frente a los cuestionamientos de diversos analistas, Bessent ha argumentado que las recompras buscan corregir distorsiones cuando los precios se desvían de sus puntos de equilibrio de mercado, destacando una relativa estabilidad en los rendimientos durante las últimas semanas. No obstante, organismos como el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) han advertido que este tipo de maniobras en el mercado secundario fungen únicamente como un alivio provisional y no resuelven el problema fiscal estructural de fondo.

En operaciones recientes de similar naturaleza, el Tesoro adquirió cerca de US$5,200 millones en papeles a 10 y 20 años de un total de ofertas presentadas por los inversores que superó los US$10,500 millones, descartando montos mayores por no considerarlos lo suficientemente competitivos para el interés fiscal del país.