En un fallo con profundas repercusiones para las finanzas y los litigios internacionales de Venezuela, un panel de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos ratificó la plena validez de los bonos emitidos por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) con vencimiento en 2020. La decisión judicial despeja el terreno para que los tenedores de estos instrumentos puedan cobrar sus acreencias a través de los fondos generados en la subasta de PDV Holding, la compañía matriz de la refinadora Citgo Petroleum Corp., proceso que se ventila en tribunales de Delaware.

Citgo, con sede de operaciones en Houston, representa el activo estatal venezolano más valioso en el extranjero y permanece en el epicentro de un prolongado pulso legal frente a múltiples acreedores internacionales. Estos títulos de deuda cuentan con una garantía prendaria sobre la participación de control de la matriz de la refinadora, lo que confiere a sus inversionistas un derecho de cobro prioritario frente al resto de los demandantes que compiten por los recursos de la empresa estatal.

Rechazo a los argumentos de invalidez constitucional

Desde el año 2019, la representación legal venezolana venía sosteniendo que la emisión y el colateral de dichos papeles carecían de validez por no haber contado con la autorización expresa de la Asamblea Nacional. No obstante, el tribunal neoyorquino desestimó esta postura. En el dictamen redactado por la jueza de circuito Beth Robinson, se determinó que el artículo 150 de la Constitución de Venezuela no exigía el aval legislativo previo para formalizar aquella operación de canje, ratificando la fuerza legal de los contratos suscritos bajo las leyes del estado de Nueva York.

Aunque PDVSA aún conserva la opción de solicitar una revisión en banc (ante el pleno del tribunal) o acudir en última instancia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, el fallo actual consolida de manera contundente la posición de los acreedores garantizados.

Subasta en Delaware y el escollo de las sanciones

Este veredicto impacta directamente la venta judicial de PDV Holding. La firma Amber Energy, vinculada al fondo Elliott Investment Management, resultó adjudicataria de la subasta con una propuesta valorada en US$5.900 millones concebida para zanjar cerca de US$8.800 millones en reclamaciones, incluyendo una partida de US$2.000 millones destinada a los tenedores de los bonos en disputa. Dicho resultado, sin embargo, todavía enfrenta impugnaciones en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito y despierta recelos entre funcionarios estadounidenses que advierten una presunta infravaloración del activo.

Más allá de las disputas entre oferentes y tribunales, el proceso enfrenta un obstáculo definitorio en Washington: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. El régimen de sanciones vigente mantiene congelada la transferencia de bienes de PDVSA y frena la ejecución efectiva de cualquier garantía, lo que deja la conclusión definitiva de esta histórica liquidación sujeta tanto a los tiempos judiciales como a las licencias de la política exterior estadounidense.