El espejismo de que Paraguay operaba como un oasis blindado frente a las turbulencias políticas de la región se ha quebrado de golpe. La abrupta renuncia del presidente Santiago Peña, acorralado por un inminente juicio político, combinada con la intervención estatal y quiebra de Ueno Bank —la sexta entidad bancaria de la nación sudamericana—, ha desatado una ola de desconfianza que impacta de inmediato en la cotización de los bonos soberanos y en el valor del guaraní.

El detonante fue la acción del Banco Central paraguayo sobre Ueno Bank, tras descubrirse serias irregularidades crediticias y de gobernanza interna que desplomaron los niveles de solvencia de la entidad muy por debajo de las exigencias regulatorias. La situación escaló a nivel de Estado debido a los cuestionamientos sobre el flujo millonario de fondos públicos hacia dicha entidad privada. Instituciones estratégicas como el Instituto de Previsión Social (IPS), con cerca de US$355 millones en colocaciones, la eléctrica estatal ANDE y la binacional Itaipú quedaron atrapadas en el colapso, poniendo en riesgo la logística de pago de más de 32,000 jubilaciones y comprometiendo depósitos no asegurados.

Impacto cambiario y castigo en los bonos soberanos

La respuesta de los mercados financieros no se hizo esperar. Durante las jornadas posteriores a la renuncia del mandatario, los diferenciales de los bonos soberanos paraguayos en dólares experimentaron un incremento de entre 22 y 30 puntos básicos, reflejando una prima de riesgo exigida ante el vacío de poder y las dudas sobre la supervisión financiera. Paralelamente, el guaraní cedió un 4.5% de su valor frente al dólar, borrando en pocas horas una porción sustancial de las ganancias acumuladas durante los meses previos.

Especialistas del sector señalan que, si bien el Fondo de Garantía de Depósitos cuenta con unos US$1,600 millones para responder a los clientes cubiertos —cuyos reclamos rondan los US$850 millones—, activar este mecanismo absorbería más de la mitad de los fondos disponibles. El mayor dilema fiscal radica en los depósitos públicos desprotegidos: un eventual salvamento estatal implicaría un desembolso estimado en US$830 millones, equivalente al 1.3% del PIB, lo que presionaría un déficit fiscal ya proyectado por encima del 3%.

La estabilidad macroeconómica frente a la prueba de fuego

A pesar de la sacudida, Paraguay conserva fundamentos macroeconómicos sólidos que evitan, por el momento, un colapso generalizado. La nación venía exhibiendo un dinamismo notable con un crecimiento del 6.6% en 2025 y un 5.7% interanual en el primer semestre de 2026, una inflación contenida en el 1.7% y reservas internacionales cercanas a los US$11,200 millones. Analistas locales coinciden en que la rapidez con la que se tramite la transición hacia el vicepresidente Pedro Alliana —luego de que la Cámara de Diputados archivara los pedidos de juicio en su contra— será vital para restablecer el orden institucional.

Sin embargo, el riesgo más crítico a medio plazo apunta al grado de inversión que el país ostenta en el escalón más bajo de las principales calificadoras. Con un 88% de la deuda pública denominada en moneda extranjera y crecientes dudas sobre la fortaleza de las entidades reguladoras, cualquier desviación del sendero de consolidación fiscal o complicación en el relevo gubernamental podría costar recortes de calificación, encareciendo el crédito exterior y frenando la inversión foránea.