Una profunda revisión al accionar del Ministerio Público en torno a las intervenciones policiales que culminan en decesos extrajudiciales ha sido formalmente solicitada. Un grupo compuesto por siete reconocidos juristas acudió ante el procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, para demandar una investigación exhaustiva sobre los fiscales que solicitaron y canalizaron órdenes de allanamiento y arresto ejecutadas de forma letal por miembros de la Policía Nacional.

La instancia, suscrita por los abogados Carlos Balcácer, Cándido Simón Polanco, Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ventura, Ibo René Sánchez, Manuel Sierra Pérez y Valentín Medrano Peña, plantea la urgente necesidad de transparentar la cadena procesal previa a los denominados «intercambios de disparos». Los profesionales del derecho subrayan que agentes adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) han protagonizado múltiples operativos fatales, en los cuales resulta imperativo esclarecer si los representantes de la vindicta pública acompañaron el procedimiento o si simplemente se limitaron a rubricar actas posteriores a los hechos sin constatar las garantías de ley.

Un repunte de 47 víctimas mortales en 42 días

El documento presentado sustenta la alarma en cifras documentadas: entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre, el país acumuló un total de 47 muertes a manos de patrullas policiales. Este registro coincide de manera estricta con los primeros 42 días de gestión del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García al frente del cuerpo del orden. En contraste, los juristas puntualizan que en el lapso previo a su juramentación se computaron alrededor de 14 decesos en situaciones similares, disparándose a 39 las muertes registradas únicamente en el mes de septiembre.

Entre los casos citados como muestra de presunto uso desmedido de la fuerza se encuentran las muertes de jóvenes como Nathanael Elena Matos, de 18 años, y Willi David Gómez Batista, de 26 años. Respecto a este último, sus familiares han denunciado públicamente que el occiso se encontraba desarmado al momento de su intercepción, lo que contradice frontalmente la narrativa oficial que suele justificar las bajas como respuesta armada inmediata.

El uso de la «Clave 29» y posibles consecuencias internacionales

Otro aspecto medular en la acusación es el señalamiento en torno al presunto código interno «clave 29», interpretado en la jerga policial como una directriz para abatir a presuntos sospechosos. Los firmantes sostienen que diversos pronunciamientos de la alta comandancia policial han rozado la apología al exterminio sumario, vulnerando frontalmente el derecho fundamental a la vida protegido por la Constitución dominicana y tratados multilaterales.

Para profundizar en el caso, la comitiva solicitó interrogar a los fiscales que gestionaron estas órdenes ante la jueza Kenya Romero Severino, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, así como auditar los reportes de Asuntos Internos vinculados a la DICRIM. De no recibir una respuesta célere y concluyente por parte de las autoridades locales, los juristas advirtieron que elevarán sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los órganos pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).