La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Andrés Acosta Vargas y Franyely Franchesca Peralta Guzmán. Ambos están señalados por presuntamente operar un esquema ilícito dedicado a la captación y explotación sexual de menores de edad en dicha demarcación. Por disposición judicial, los imputados deberán cumplir el tiempo de reclusión en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente.

El órgano persecutor sostiene que los procesados se aprovechaban de la condición de vulnerabilidad social de adolescentes entre los 13 y 17 años, a quienes contactaban bajo promesas de dádivas económicas y regalos. A cambio de estas compensaciones, las víctimas eran inducidas a sostener encuentros sexuales con otros menores, mientras Acosta Vargas procedía a grabar en video las agresiones. Hasta el momento, el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago ha individualizado a por lo menos tres presuntas víctimas, entre las cuales figura una joven de 17 años en estado de gestación, según expuso la fiscal litigante Heidys de León.

Medidas para evitar la revictimización

Durante la audiencia, el magistrado Dayham Rodríguez acogió la solicitud para autorizar un anticipo de pruebas respecto a los testimonios de las menores afectadas y de otro adolescente en calidad de testigo. Esta disposición procesal tiene como finalidad resguardar formalmente las declaraciones iniciales y blindar a las víctimas de comparecencias reiteradas en estrados judiciales, previniendo así un desgaste emocional y su revictimización.

De igual forma, la resolución judicial autorizó los correspondientes peritajes forenses y la extracción pericial de datos de los teléfonos celulares ocupados a los encartados, elementos que serán integrados al legajo probatorio de la investigación.

Evidencias incautadas y marco jurídico

Las pesquisas preliminares se robustecieron tras un allanamiento ejecutado en la residencia de Acosta Vargas, donde las autoridades colectaron evidencias contundentes. Entre los objetos secuestrados figuran cámaras de grabación de video, cables transmisores de datos, dinero en efectivo, somníferos, estimulantes sexuales, medicamentos diversos y preservativos tanto nuevos como utilizados.

El Ministerio Público ha formulado cargos provisionales por presunta infracción a la Ley 137-03 (modificada por la Ley 46-25) sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; violaciones al artículo 396 (literales B y C) de la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes; además de quebrantar disposiciones de la Ley 53-03 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. El proceso continuará profundizándose durante la fase preparatoria en respeto al debido proceso.