El temor y la incertidumbre se han apoderado de las calles de Union City, Nueva Jersey, ante el marcado incremento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Residentes indocumentados han manifestado evitar salir de sus hogares ante el riesgo constante de ser interceptados por agentes federales, en una ciudad donde el 81.8 % de la población es hispana y más del 54 % de sus habitantes nacieron fuera de territorio estadounidense.

Esta situación toca de cerca a la diáspora dominicana. Nueva Jersey se posiciona como el segundo estado con mayor concentración de criollos en Estados Unidos, con una población estimada que ronda los 389,580 dominicanos, según registros sociodemográficos del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index).

Detenciones discretas y testimonios en video

Durante las últimas semanas se han documentado múltiples intervenciones en puntos neurálgicos de Union City, como la calle 49, la intersección de la calle 64 con el boulevard Kennedy, Summit Avenue y la calle 57 con Broadway. En la mayoría de los casos registrados, los agentes federales actúan con el rostro cubierto y trasladan a los detenidos en vehículos sin logotipos oficiales.

Testigos y residentes de la zona han captado momentos en los que jóvenes trabajadores y transeúntes son abordados y esposados a plena luz del día, reflejando un cambio de estrategia táctica: menos redadas masivas de alto perfil y un mayor número de detenciones cotidianas y focalizadas para evitar protestas públicas inmediatas.

Cifras récord a nivel nacional

El despliegue en Nueva Jersey no es un hecho aislado. En el marco del endurecimiento de las políticas migratorias de la actual administración estadounidense, ICE alcanzó en julio una cifra histórica de 49,571 arrestos en todo el país, lo que representa un incremento del 15 % frente a junio y un alza de casi el 70 % en comparación con los registros de febrero.

Paralelamente, se han reportado operativos intensificados en localidades de Connecticut como Danbury, mientras que en estados vecinos como Nueva York se profundiza el debate legal sobre la prohibición de que las policías locales colaboren con las autoridades migratorias civiles.