Noviembre, el mes en que la comunidad internacional y la República Dominicana alzan la voz para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha comenzado teñido de luto e indignación. En apenas sus primeros diez días, el país registra la desgarradora cifra de cuatro mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas sentimentales, una tragedia recurrente que deja hogares deshechos y a más de cinco menores sumidos en la orfandad.

La ola mortal inició el domingo primero de noviembre en la calle Duarte del municipio de Las Yayas, provincia de Azua. Allí, Yocanda Elizabeth Ramírez de los Santos, de 34 años, fue ultimada a tiros por su expareja, Rafael Antonio Ramírez Ramírez, de 44 años, quien posteriormente se quitó la vida con la misma arma de fuego. Apenas 24 horas después, el lunes dos de noviembre, la violencia machista cobró la vida de Albenis de Jesús Hernández, de 31 años, en la comunidad de Alto de Amacey, en Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez. El agresor, identificado como Ariel Báez Rodríguez (conocido como «Jhochy»), se presentó en la vivienda de la víctima a bordo de un taxi, le disparó mortalmente y horas más tarde fue hallado sin vida con una herida de bala en la cabeza en una zona rural, dejando a tres niños sin madre.

Tragedias que evidencian fallas de protección

El seis de noviembre, la violencia segó la vida de Jocelyn Ceballos Matrillé, de 36 años, en un apartamento del residencial Caonabo Tower, en San Juan de la Maguana. La víctima murió a consecuencia de un shock hemorrágico por proyectil de arma de fuego propinado por su pareja, Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años. El atacante fue apresado poco después por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) cuando huía en una yipeta. En el momento del crimen, los dos hijos de la pareja permanecían en otra habitación del inmueble.

El caso más reciente y que ha causado profunda indignación colectiva es el de Rosanny del Carmen Almonte Molina, de 47 años, ultimada de un disparo en la cabeza en el sector El Paraíso, municipio de Esperanza, provincia Valverde. Su expareja, Leonalfry Torres Hernández, perpetró el hecho tras un historial continuado de maltratos físicos y amenazas durante cuatro años de relación. Familiares denunciaron con impotencia que la estilista acudió previamente ante las autoridades policiales en busca de auxilio; sin embargo, no recibió protección efectiva y sólo se le indicó comunicarse al 9-1-1 en caso de peligro inminente. Hoy, su hija llora una partida que pudo haberse prevenido.

Urgencia legislativa y movilización social

Frente al fracaso de las medidas aisladas, la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, reiteró el llamado urgente al Congreso Nacional para la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres (conocida como Ley Mirabal). Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de la Mujer, pretende modernizar y superar las deficiencias operativas de la ya desfasada Ley 24-97, instaurando una política pública coordinada y garantista. Fondeur subrayó que las estadísticas deben servir para que el Estado revise sus fallas críticas y promueva una masculinidad basada en el respeto y la empatía, extirpando la idea de control y dominación sobre los cuerpos femeninos.

En paralelo a este clamor, el Ministerio de la Mujer, en conjunto con el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y la agencia Switch Havas, presentó la campaña nacional «Dominicana sin Violencia». Encabezada por la ministra Gloria Reyes, Syra Leonor Taveras Pineda y José Grateraux, la iniciativa busca activar a las comunidades para identificar a tiempo señales de riesgo, articulando recursos técnicos e institucionales para salvaguardar la vida y la dignidad de las mujeres dominicanas.