A dos meses de que el presidente Luis Abinader oficializara la designación del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García como director general de la Policía Nacional, en sustitución de Andrés Modesto Cruz Cruz mediante el decreto 558-26, las estadísticas de civiles caídos en supuestos intercambios de disparos reflejan una preocupante tendencia al alza en todo el territorio dominicano.

Durante este breve periodo, la denominada acción de neutralización de presuntos delincuentes ha dejado decenas de fallecidos. Solo en septiembre se registraron al menos 55 muertes violentas bajo esta modalidad, mientras que en octubre los reportes alcanzaron las 37 bajas, con proyecciones de superar los 40 casos antes de cerrar el balance. Los incidentes se han extendido a distintas demarcaciones geográficas, abarcando desde el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional hasta comunidades rurales de la provincia Bahoruco.

Casos de alto impacto social

Entre los sucesos documentados en este ciclo se encuentran presuntos autores vinculados a crímenes de alta notoriedad pública, como el asesinato del exponente urbano Diddy Glow. No obstante, algunos desenlaces han provocado fuerte consternación ciudadana, como el ocurrido el pasado 21 de octubre en el sector Mendoza, Santo Domingo Este, donde uniformados abatieron en el interior de su vivienda a los hermanos gemelos Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, ambos de apenas 16 años de edad.

Reclamo de transparencia y apego a la ley

Frente al incremento sostenido de estas confrontaciones armadas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha levantado su voz de protesta. Su presidente, Manuel María Mercedes, advirtió sobre la urgencia de que las autoridades ofrezcan un registro detallado y transparente respecto a las personas ingresadas bajo el denominado "código 29".

"No podemos permitir que estas muertes se conviertan en simples cifras; detrás de cada caso hay una vida, una familia y una sociedad que merece conocer la verdad", señaló Mercedes, enfatizando que la mayoría de los ultimados son jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años. El defensor subrayó la imperiosa necesidad de priorizar programas de reinserción y fortalecer la fiscalización del accionar policial, garantizando el respeto al debido proceso y al derecho fundamental a la vida.