El zumbido constante de las motosierras en las aceras y avenidas del Distrito Nacional se ha convertido en una escena habitual para los transeúntes, quienes observan cómo caen los árboles que mitigan las altas temperaturas caribeñas. Esta problemática no es exclusiva de la capital: en localidades como Baní, en la provincia Peravia, la tala indiscriminada de robles centenarios ha encendido las alarmas ciudadanas. Paradójicamente, mientras el debate nacional gira en torno al combate de los delitos ambientales tras la promulgación del Decreto 615-26 por parte del presidente Luis Abinader —el cual busca aplicar la Ley 267-08 sobre Terrorismo a daños graves en áreas protegidas—, la vegetación dentro del perímetro urbano sigue desprovista de un blindaje efectivo.

Un déficit de sombra agravado por el cemento

La escasez de masa arbórea en la capital dominicana está ampliamente documentada. Investigaciones publicadas en la revista especializada Frontiers in Sustainable Cities estiman que la cobertura verde del Distrito Nacional alcanza apenas un 15.4 % de su territorio (unos 14 kilómetros cuadrados), mientras que más del 60 % del suelo está tomado por asfalto y edificaciones. Esta situación se agrava por una distribución sumamente desigual: análisis del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) precisan que la Circunscripción 3 registra la menor cantidad de follaje y las temperaturas más sofocantes, en contraposición con la Circunscripción 2, que goza de mayor cobertura.

La investigadora ambiental Solhanlle Bonilla Duarte ha subrayado que este declive responde al acelerado crecimiento vertical de la ciudad, donde los antiguos solares residenciales con patios arbolados fueron reemplazados por complejos habitacionales. Además de advertir que más del 70 % de las especies urbanas presentes son introducidas y no autóctonas, los expertos recuerdan que la ley de ordenamiento territorial fija como estándar indispensable al menos nueve metros cuadrados de espacio verde por habitante, una meta lejana para amplias zonas del Gran Santo Domingo.

Controversia con las cifras oficiales de arborización

A las denuncias por podas agresivas y desmonte de árboles en puntos emblemáticos como el Mirador Sur o los más de 900 ejemplares talados en el Centro Olímpico, se suma el cuestionamiento a las estadísticas de compensación ambiental. Aunque la Alcaldía del Distrito Nacional reporta haber sembrado más de 110,000 unidades vegetales desde 2020 en parques y plazas, denuncias públicas —como la expuesta por el dirigente político Felipe Gavilán— revelan que en los informes de gestión 2024-2025 gran parte de los renglones corresponden en realidad a arbustos ornamentales o especies pequeñas como la guáyiga y agaves, y no a árboles de copa.

Este método de registro contradice la propia Normativa para el arbolado urbano de Santo Domingo, formulada junto al Jardín Botánico Nacional, la cual establece una categorización estricta entre árboles, arbustos, palmas y herbáceas. A nivel ecológico y climático, un arbusto ornamental jamás sustituye la capacidad de enfriamiento ni los servicios ecosistémicos de un árbol de tronco único y copa estructurada.

Competencias divididas y vacíos de control

El marco institucional actual dispersa la fiscalización del patrimonio vegetal. Mientras el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorga autorizaciones en terrenos privados o desarrollos inmobiliarios, los espacios de dominio público corresponden de forma exclusiva a las administraciones municipales. En el Distrito Nacional rige la Ordenanza 9-2014, que exige permisos rigurosos emitidos por la Dirección de Gestión Ambiental y limita las intervenciones a firmas privadas debidamente certificadas.

Sin embargo, la falta de consecuencias visibles ante talas irregulares mantiene a la ciudadanía en la incertidumbre sobre quién responde cuando la motosierra opera sin aval en el espacio público, dejando a las ciudades dominicanas vulnerables frente a las islas de calor.