El reciente anuncio gubernamental para dar inicio formal a la construcción de la Autopista del Ámbar ha desatado una fuerte ola de rechazo entre defensores del medio ambiente y líderes comunitarios del Cibao. La obra, impulsada por la administración del presidente Luis Abinader para conectar de forma rápida las provincias de Santiago y Puerto Plata, es calificada por diversos sectores como una imposición que vulnera el debido proceso y la legislación ambiental dominicana.

Cuestionamientos al proceso y falta de transparencia

El ambientalista Olmedo León denunció que el arranque de los trabajos constituye un atropello a las leyes vigentes y a los derechos ciudadanos, argumentando que la infraestructura carece de permisos oficiales y de los estudios de impacto ambiental de rigor. Según León, las autoridades no cumplieron con las fases que estipula la ley, especialmente la celebración de la segunda vista pública obligatoria, en la cual se debió presentar con al menos diez días de antelación el informe técnico de mitigación para que las comunidades directamente afectadas otorgaran su visto bueno.

De acuerdo con las declaraciones del activista, el encuentro previo celebrado en Santiago no cumplió con los estándares de una consulta comunitaria genuina, sino que funcionó como un acto protocolar entre funcionarios y empresarios. León criticó que, pese a las promesas de transparentar la evaluación ambiental, las maquinarias han comenzado a operar de manera anticipada, respaldadas por declaraciones de figuras políticas como la senadora Ginnette Bournigal, quienes han defendido la ejecución del proyecto bajo cualquier circunstancia.

Alteración de la ruta y reclamos comunitarios

Otro de los puntos críticos señalados es la modificación del trazado original. León advirtió que la promesa de reducir drásticamente el tiempo de viaje entre el centro de Santiago y la costa norte no se ajusta a la realidad, puesto que el nuevo punto de partida fue trasladado hacia el municipio de Tamboril. Esto suma al menos 20 minutos adicionales al trayecto y sugiere, según el ambientalista, que el verdadero objetivo no es conectar a Santiago de forma directa, sino canalizar el flujo vehicular de diversas provincias del Cibao y Santo Domingo hacia el desarrollo turístico de Punta Bergantín.

La postura de León se suma al reclamo formulado por el colectivo Unidos Somos Más, integrado por sacerdotes y pobladores de Santiago y Puerto Plata, quienes a principios de este mes exigieron la paralización inmediata de las faenas. Las organizaciones insisten en que no se oponen al desarrollo vial de la región, pero sostienen que cualquier avance sobre el territorio debe estar condicionado a la entrega formal de la licencia ambiental y al respeto absoluto de las comunidades del entorno.