Reorganización del proceso judicial

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso el aplazamiento de la audiencia para ventilar los recursos de apelación incoados en el marco del expediente Antipulpo, fijando la nueva cita para el próximo martes 24 de noviembre a las 10:00 de la mañana. La resolución del tribunal de alzada responde a diversos pedimentos formulados por las defensas técnicas, incluyendo la acreditación de una nueva representación legal para una de las partes procesadas.

La magistrada presidenta Doris Pujols fundamentó la suspensión en el deber de salvaguardar el derecho a la defensa y el principio de igualdad entre las partes. En ese orden, la corte otorgó un plazo de 20 días al abogado Juan José Eusebio para la articulación y depósito de sus escritos de contestación, tras asumir la defensa de Libni Valenzuela Matos, quien figuró entre los 13 descargados en primera instancia por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Rechazo a la separación de procesos

Durante la audiencia, la magistrada Pujols desestimó las conclusiones incidentales presentadas por los juristas Ingrid Hidalgo, Francisco Manzano, Ramón Peralta y Francisco Taveras, quienes habían requerido el desglose del proceso para continuar de inmediato el juicio respecto a sus representados. El tribunal calificó dicha pretensión de extemporánea y carente de viabilidad práctica para la celeridad y congruencia que amerita la causa.

Por parte del Ministerio Público, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, no formuló oposición a la prórroga procesal, reiterando que la preservación de las garantías procesales es primordial, aunque puntualizó que la barra acusadora se encuentra debidamente preparada para entrar al fondo de los debates.

Expectativas sobre las penas

El órgano acusador busca revocar la condena de siete años de prisión dictada contra Juan Alexis Medina Sánchez, sindicado como principal cabecilla de un entramado societario al que se le atribuye defraudar al Estado con más de RD$5,000 millones, con el propósito de que le sea impuesta la pena máxima de 20 años de reclusión.

En este nuevo capítulo judicial también se ventilan las situaciones jurídicas de Magaly Medina; el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el excontralor general Antonio Germosén Andújar; y el exfiscalizador de la disuelta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.