El conocimiento del juicio de fondo por el sonado caso Calamar sufrió un nuevo revés procesal este miércoles, luego de que la defensa de varios de los imputados interpusiera una recusación formal contra las magistradas Evelyn Rodríguez y Leticia Martínez Noboa, integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. A raíz del incidente planteado, el tribunal determinó recesar la audiencia y fijó su continuación para el próximo 18 de noviembre.

La solicitud deberá ser remitida de inmediato a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, órgano judicial competente que tendrá la responsabilidad de determinar si acoge o desestima las objeciones presentadas contra ambas juezas.

Cuestionamientos a la imparcialidad judicial

El abogado defensor Carlos Mesa argumentó que la decisión de apartar a las magistradas responde a lo que catalogó como una falta de coherencia procesal, señalando que las resoluciones emitidas comprometen la debida neutralidad del tribunal. De acuerdo con el jurista, las juezas rechazaron una solicitud de extinción de la acción penal presentada en favor de sus representados, aun cuando existían elementos para considerar vencidos los plazos legales del proceso.

Mesa también cuestionó el desglose del expediente respecto al imputado Roberto Santiago Mogor, junto a Jahaira Vitón Evangelista, Ramón David Hernández y cuatro razones sociales vinculadas al entramado. A juicio de la defensa, este desglose generó una desigualdad procesal lesiva para sus clientes frente a otros acusados que lograron aplazamientos previos amparados en temas de salud.

"Nosotros entendemos que la Corte va a acoger esta recusación porque está bien fundamentada", aseguró Mesa, quien además puso en duda la legitimidad de los querellantes del equipo de recuperación del patrimonio público y del Ministerio Público para actuar bajo ciertas calidades en el proceso.

Ministerio Público denuncia deslealtad en el tribunal

La respuesta del órgano persecutor no se hizo esperar. El fiscal Melbin Romero calificó la recusación como una maniobra dilatoria y un acto de "deslealtad procesal" por parte de la barra de la defensa. Según explicó, la solicitud de desglose de uno de los imputados fue promovida por el propio Ministerio Público por motivos estrictamente médicos y humanitarios, con el único fin de evitar el estancamiento del proceso respecto al resto de los procesados.

Romero indicó que el tribunal acogió de manera legítima dicho pedimento y subrayó que las magistradas llegaron a advertir formalmente a la defensa técnica sobre las consecuencias disciplinarias contempladas en el artículo 135 del Código Procesal Penal en caso de reiterar conductas que obstaculicen el desarrollo del juicio.

Con el trámite ahora en manos de la Corte de Apelación, el calendario judicial del caso Calamar permanece en pausa hasta tanto se defina la continuidad de las magistradas al frente del tribunal colegiado.