Caso Senasa 2.0: Defensas afirman que imputados son víctimas del sistema y denuncian presiones para pactar acuerdos

En el marco del tercer día de audiencia para el conocimiento de medidas de coerción contra los 26 vinculados al presunto entramado de corrupción desarticulado bajo la Operación Senasa 2.0-A, los abogados defensores comenzaron a rebatir con contundencia la acusación del Ministerio Público, asegurando que sus representados carecen de responsabilidad en las irregularidades señaladas.
Alegatos de la defensa y filtros de control
El abogado Santos Willy Liriano Mercado, quien encabeza la defensa técnica de Hannah Rachel Rodríguez Almanzar, afirmó ante los medios que dentro del grupo procesado figuran médicos que simplemente han sido víctimas del propio engranaje institucional.
"Estas personas que están ahí adentro no son responsables de nada de lo que se les está acusando", enfatizó el jurista. En su argumentación, explicó que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) cuenta con un esquema de fiscalización tripartito que imposibilita la autorización de desembolsos directos sin rigurosos filtros: primero, una auditoría generada a partir del centro de llamadas autorizado por la clínica; segundo, una verificación del propio centro asistencial; y tercero, la auditoría final a cargo del Senasa antes de validar cualquier pago.
Denuncian supuestos acuerdos forzados
Liriano Mercado denunció además que el órgano persecutor ha ejercido presión sobre varios de los imputados para cerrar acuerdos bajo coacción. Según sus declaraciones, al menos nueve personas habrían aceptado colaborar —sin admitir culpabilidad— únicamente para eludir la privación de libertad en un recinto carcelario.
"Hay nueve personas que posiblemente se van con arresto domiciliario porque el Ministerio Público las obligó a acordar; no llegaron de forma voluntaria. Contra los que no cedieron, han solicitado prisión preventiva y declaratoria de caso complejo; así no se hace justicia", advirtió el letrado.
Medidas solicitadas
El Ministerio Público mantiene su petición de 18 meses de prisión preventiva contra el bloque de imputados que incluye a exempleados de Senasa, médicos y particulares, además de exigir que el expediente sea tramitado bajo la declaratoria de tramitación compleja.
El proceso continúa ventilándose ante el juez Rigoberto Sena, en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se espera que en las próximas horas concluyan las réplicas de las distintas defensas técnicas.