El proceso judicial que investiga la presunta red de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazara la solicitud de desglose planteada por la defensa técnica de varios de los encartados.

El magistrado Deiby Timoteo Peguero desestimó el pedimento formulado por la abogada Ivanna Rodríguez, representante legal de Alan Speaker y Rafael Martínez Hazim, quien procuraba que sus clientes fueran apartados de la vista argumentando la existencia de un recurso de apelación aún pendiente en la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Frente a esta postura, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, sostuvo que dicho trámite no frena la facultad del tribunal para examinar la prisión preventiva, criterio que fue acogido por el juez al subrayar que la revisión trimestral de la medida es un mandato legal ineludible.

Durante la jornada judicial, celebrada por razones de aforo en la sala del Primer Tribunal Colegiado, únicamente las defensas de Speaker, Martínez Hazim y Francisco Iván Minaya formalizaron la presentación de presupuestos con el objetivo de obtener la variación de las medidas de coerción que pesan en su contra.

La estrategia de cara al juicio de fondo

A la salida de la audiencia, la defensa del exdirector de la entidad, Santiago Hazim, encabezada por el jurista Miguel Valerio, explicó que su equipo no ha solicitado cambios en la medida cautelar y que se encuentran a la espera de que el Ministerio Público presente el acto conclusivo de acusación. Valerio precisó que, una vez finalizada la etapa de investigación, se extingue el alegado peligro de obstaculización procesal.

Asimismo, el togado adelantó que contemplan citar como testigo al actual director ejecutivo del Senasa, Edward Guzmán, a fin de que esclarezca y sustente en estrado sus declaraciones sobre un alegado déficit de 13,000 millones de pesos en la aseguradora estatal, así como presuntas irregularidades que habrían tenido continuidad en el tiempo.

Cuestionamientos a las pesquisas del Ministerio Público

Por otro lado, el abogado Jaime Terrero, quien asiste a Francisco Iván Minaya, lanzó duras críticas a la labor del órgano acusador al denunciar una supuesta exclusión selectiva de actores relevantes en el expediente. Terrero aseveró que el Ministerio Público mantiene al margen a propietarios de cadenas de farmacias, directivos de clínicas privadas y dirigentes políticos presuntamente vinculados a la trama.

El jurista censuró que facultativos médicos que presuntamente formaron parte del esquema irregular figuren actualmente como testigos de cargo en lugar de ser procesados, reclamando que se amplíe y profundice la investigación para someter a la justicia a todos los implicados en el presunto desfalco a los fondos públicos.