La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó activar una agenda de movilización en todo el territorio dominicano para reclamar el cumplimiento efectivo de las garantías económicas, sociales y fundamentales de la población. La decisión fue refrendada durante la celebración de su XIII Asamblea Nacional, un cónclave celebrado bajo el lema “Por el poder social y una seguridad social digna”.

En el marco del encuentro, que congregó a unos 300 delegados procedentes de las 32 provincias, 80 municipios y 40 distritos municipales, el presidente de la entidad, Manuel María Mercedes Medina, sostuvo que la organización redoblará su presencia en el espacio público. Los reclamos centrales giran en torno a la escalada en el costo de la canasta básica, la precariedad en los servicios de salud y el desamparo estructural que golpea a las comunidades más vulnerables.

Un modelo de salud catalogado como negocio

Uno de los puntos más críticos abordados por la CNDH fue la situación de los centros hospitalarios y las farmacias, las cuales, según Mercedes Medina, se han convertido en una fuente de zozobra para la ciudadanía. El vocero denunció que el esquema actual prioriza la rentabilidad financiera por encima de la vida humana, dejando a familias enteras en la quiebra al agotarse las coberturas de los seguros médicos ante internamientos o tratamientos de alto costo.

"No es posible que las farmacias, los hospitales y las clínicas se hayan convertido en un terror. Hay familias que llegan destrozadas a nuestra sede porque reciben recetas médicas que van desde los trescientos mil hasta más de un millón de pesos. Ningún hogar humilde en este país puede absorber esa carga económica", advirtió Mercedes Medina al asegurar que la entidad respaldará a los sectores desprotegidos.

Demandas a la Policía Nacional y advertencia internacional

En materia de seguridad ciudadana e institucionalidad, la asamblea resolvió emplazar de manera directa al director de la Policía Nacional, el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, con el propósito de que se ponga freno a las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas del orden. La CNDH instó formalmente al Defensor del Pueblo a unirse a estas investigaciones para frenar lo que catalogaron como violaciones graves a la Carta Magna y a convenios internacionales suscritos por el Estado.

Entre las resoluciones aprobadas también figura la exigencia de acatar las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, las cuales ordenan el reintegro de más de un centenar de agentes policiales desvinculados irregularmente. La dirección de los derechos humanos advirtió que, de no registrarse avances concretos en estos temas, elevarán las denuncias correspondientes ante instancias foráneas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).