Con un tono enérgico y sin titubeos, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, trazó una línea divisoria clara contra el crimen organizado y la delincuencia común durante un recorrido institucional por la Dirección Regional Norte.

El alto oficial dirigió un contundente mensaje a los agentes bajo su mando y a los infractores de la ley, advirtiendo que la fuerza pública no dará tregua ni permitirá santuarios para quienes alteren la paz ciudadana. De acuerdo con Rodríguez García, la única salida viable para los antisociales es deponer sus acciones ilícitas o entregarse voluntariamente.

Persecución sin tregua y uso de la fuerza

"En este país, a partir de ya, o se entrega cuando comete los hechos o deja de cometerlos; de lo contrario, nosotros lo vamos a buscar, no importa dónde se meta. Vamos a hacer sentir el brazo poderoso del Estado", enfatizó el jefe policial en declaraciones transmitidas a través de los canales institucionales.

Rodríguez García reiteró que la misión central del cuerpo armado consiste en salvaguardar a los ciudadanos de bien y confinar tras las rejas a quienes definió como los enemigos del orden social. Asimismo, recalcó que la institución no dudará en asumir los riesgos necesarios para recuperar el control de las calles mediante la doctrina del uso proporcional y efectivo de la fuerza.

Creciente tensión en los barrios

Este endurecimiento del discurso oficial coincide con una semana de alta intensidad en materia de seguridad ciudadana en la República Dominicana. En los últimos ocho días, al menos 21 personas catalogadas por la uniformada como presuntos delincuentes han perdido la vida en alegados intercambios de disparos con patrullas policiales.

Frente a estos desenlaces, los partes oficiales sostienen de manera reiterada que los occisos contaban con prontuarios delictivos, eran activamente buscados mediante órdenes de arresto y habrían iniciado los ataques armados contra los agentes actuantes, un panorama que aviva el debate sobre los métodos de contención del crimen en el país.