El desvío masivo de armamento dentro de las filas de los cuerpos del orden continúa arrojando revelaciones alarmantes. Conforme a las investigaciones del Panel de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) remitidas al Consejo de Seguridad de Haití, pertrechos incautados en Puerto Príncipe a bandas criminales como 400 Mawozo y diversas células armadas en Bel-Air coinciden con cargamentos sustraídos de los almacenes oficiales de la Policía Nacional dominicana.

La alerta inicial se disparó cuando las autoridades decomisaron unas 5,000 municiones calibre 5,56x45 mm en la localidad haitiana de Mirebalais. El posterior arqueo e inventario realizado por los organismos de seguridad dominicanos confirmó un desfalco descomunal: faltaban 908,001 cartuchos. De acuerdo con los peritajes del Ministerio Público, el valor económico del arsenal robado asciende a RD$92,191,732.92.

Un arsenal para el crimen transfronterizo

El desglose del inventario auditado revela la magnitud del material comprometido:

• Calibre 9 mm: Más de 489,000 proyectiles.
• Calibre 5,56x45 mm: Más de 230,000 unidades.
• Calibre 7,62x39 mm: Alrededor de 26,000 cartuchos.
• Calibre 12 (escopeta): Unas 93,000 municiones.

Los expertos en seguridad destacan que el mercado civil dominicano para proyectiles 5,56 y 7,62 es prácticamente marginal, lo que confirma la hipótesis de que la mayor parte de este material letal fue trasladado de contrabando hacia el territorio haitiano, donde estos calibres alimentan los fusiles de alto poder utilizados por las pandillas.

Operación Pandora y el entramado militar

El destape judicial de esta trama criminal se formalizó mediante la denominada Operación Pandora, la cual desarticuló una estructura interna encargada del tráfico y custodia de los pertrechos. En el caso fueron imputados altos mandos policiales, entre ellos el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la custodia de armas; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, quien fungía como jefe del depósito; el auditor y capitán Víctor Manuel Santos, y el armero regional de Santiago, segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio.

El expediente también vinculó a personal de menor rango y civiles señalados como eslabones operativos: el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias "Escobar") y Moreibin Medina Pérez, además de la civil Miguelina Bello Segura.

Condenas y estado procesal

Hasta la fecha, el proceso judicial ha arrojado sentencias condenatorias puntuales. Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de reclusión domiciliaria, el decomiso de bienes, una sanción de diez salarios mínimos y la clausura definitiva de la empresa Tactical Accessories RH, S.R.L. De igual manera, Miguelina Bello Segura recibió una pena de tres años, con la mitad suspendida bajo estrictas reglas de conducta.

En tanto, los principales oficiales y subalternos procesados —incluidos el coronel Féliz Romero y el capitán Valdez— fueron enviados formalmente a juicio de fondo. Mientras se desarrolla esta fase, el tribunal dispuso una variación de su medida cautelar que contempla el pago de una fianza económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante la justicia e impedimento de salida del país.