El proceso judicial por la presunta trama de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), bautizado como el caso Senasa 2.0 u Operación Cobra 2.0-A, dio un paso contundente en los tribunales. El magistrado Rigoberto Sena impuso prisión preventiva a ocho encartados, dictó arresto domiciliario para otros 16 y estableció medidas alternativas para tres personas más, respondiendo a la solicitud del Ministerio Público en este esquema de desfalco a los fondos públicos.

Distribución de las medidas de coerción

De los imputados enviados a reclusión preventiva, cuatro hombres cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras: Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación. En tanto, las imputadas Isabel Heredia Vallejos, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron remitidas al recinto penitenciario de Najayo Mujeres.

El arresto domiciliario recayó sobre una lista extensa de imputados, entre quienes figuran Lucreisy Polanco Núñez, Martha María Saldaña Saldaña, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Víctor Felipe Rodríguez García, Luz Esther Reyes Durán, Alberto Batista Cruz, Heidy Coronado Paulino, Engels Federico Díaz Mendoza, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Keila Beatriz Acosta Leonardo. Por su parte, José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltre obtuvieron garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país.

El engranaje del desfalco y los médicos implicados

De acuerdo con la acusación formal —un expediente que abarca 525 páginas—, la red operaba gestionando aprobaciones irregulares de cirugías, consultas y procedimientos médicos ficticios a través del centro de llamadas de Senasa. Para lograrlo, sustraían identidades de afiliados con bajo consumo del seguro y utilizaban nombres falsos para tramitar cobros con firmas adulteradas y diagnósticos inexistentes. Las pesquisas estiman un perjuicio económico preliminar de RD$40 millones únicamente en este ciclo de la pesquisa.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, valoró las decisiones del tribunal y advirtió que el caso sigue abierto y en expansión. Camacho alertó de manera directa al gremio médico, señalando que existen al menos 22 profesionales de la salud bajo la lupa judicial por haber facilitado o cedido sus códigos prestadores para viabilizar el esquema ilícito.