Gobierno elimina restricciones de edad para licencias de conducir mediante nuevo decreto

El Poder Ejecutivo formalizó un cambio significativo en la regulación del tránsito en la República Dominicana. A través del Decreto 675, el presidente Luis Abinader modificó el reglamento de licencias de conducir para dejar sin efecto cualquier traba vinculada exclusivamente a la edad del conductor, alineando la normativa estatal con la sentencia TC/0904/26 dictada por el Tribunal Constitucional.
Con esta medida queda derogado el Decreto 330-26, dando paso a un esquema donde la vigencia de los permisos y autorizaciones de manejo será homogénea: cuatro años para todos los conductores, caducando el día del natalicio de la persona titular. Esta unificación da estricto cumplimiento a lo pautado en el artículo 208 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Criterios médicos y técnicos por encima de la edad cronológica
El dictamen gubernamental prohíbe de forma explícita que los años cumplidos sirvan como argumento único o determinante para recortar o rechazar la renovación de una licencia. En lo adelante, la aptitud física, mental y técnica se evaluará mediante evaluaciones médicas y exámenes teóricos y prácticos estandarizados, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Asimismo, las autoridades puntualizaron que el retiro, suspensión o anulación de los permisos solo se efectuará bajo las causas legales vigentes: el incumplimiento sobrevenido de las normativas o la certificación médica formal que demuestre una inhabilidad permanente para colocarse tras el volante, salvaguardando siempre el debido proceso.
Respaldo a los derechos de los adultos mayores
La decisión representa una victoria legal y social para los conductores de más de 75 años, segmento que anteriormente enfrentaba renovaciones forzosas cada dos años. Con la promulgación de esta ordenanza, el Estado reafirma el respeto a las disposiciones del órgano de control constitucional, asegurando la inclusión activa de la población de la tercera edad sin exclusiones arbitrarias.