El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) avanza en los preparativos para reactivar la Inspección Técnica Vehicular en la República Dominicana, un mecanismo que busca garantizar condiciones mecánicas óptimas y estándares mínimos de seguridad en las vías del país. La meta institucional apunta a implementar este control durante el primer semestre de 2027, marcando el retorno de la tradicional revista vehicular tras diez años de haber sido descontinuada.

El director ejecutivo del organismo, Juan Manuel Méndez, ha señalado que el proyecto descansa sobre el mandato de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en conjunto con el Decreto 5-19 que norma su operatividad. No obstante, la puesta en marcha definitiva todavía depende de sortear fases administrativas determinantes, la estructuración de la red evaluadora y la formalización de las licitaciones pertinentes.

¿Qué vehículos deberán evaluarse y cada cuánto tiempo?

El marco legal abarca a la totalidad de las unidades registradas en el parque vehicular nacional, abarcando desde automóviles privados, motocicletas y vehículos de alquiler, hasta autobuses de transporte colectivo, transporte de carga, triciclos y maquinaria agrícola. La frecuencia de las evaluaciones variará en función del uso, el tipo de unidad y el año de fabricación:

• Vehículos particulares y motocicletas: Aquellos con tres años o menos de fabricación estarán exentos de la prueba. Cumplido este plazo inicial, deberán acudir a la revisión de forma anual.
• Transporte público, de carga y alquiler: Debido al desgaste operativo continuo, estas unidades tendrán calendarios más estrictos, contemplando revisiones semestrales en diversas categorías.

Componentes que serán examinados

El procedimiento técnico evaluará a fondo el estado mecánico y el impacto ambiental de cada vehículo para autorizar su circulación. De acuerdo con el artículo 51 del Decreto 5-19, las inspecciones se enfocarán en:

• Sistemas de seguridad activa: Eficacia del sistema de frenos, alineación, dirección, suspensión y condiciones de las llantas.
• Visibilidad e iluminación: Correcto funcionamiento de luces altas, bajas, intermitentes, reflectores, señales acústicas, además del estado de los cristales y retrovisores.
• Integridad estructural: Revisión de chasis, carrocería y la ausencia de modificaciones irregulares o peligrosas.
• Protección del habitáculo: Estado de asientos, cinturones de seguridad y apoyacabezas.
• Impacto ecológico y motor: Niveles de emisión de gases contaminantes, control de ruidos y componentes del sistema eléctrico y baterías.

Talleres acreditados y pasos pendientes hacia 2027

El modelo operativo no contempla instalaciones directas del Estado, sino la habilitación y certificación de talleres automotrices privados y técnicos evaluadores debidamente formados. Aunque la ley faculta al Intrant a emitir estas licencias de operación, el listado definitivo de centros autorizados por provincias aún no ha sido divulgado.

Para materializar el plan, el Intrant trabaja en coordinación con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en el diseño del pliego de condiciones que regirá la licitación, luego de que se descartara el esquema de alianza público-privada que se manejó en un principio. Entre las tareas cruciales pendientes se encuentran la determinación de las tarifas oficiales para los usuarios y la consolidación del cronograma definitivo, dado que otras instancias del Estado han proyectado que la red completa podría consolidarse hacia 2030. Por el momento, los conductores deberán permanecer atentos a las resoluciones oficiales que regularán costos y centros de servicio.