El reciente derribo de robles centenarios y árboles de mango frente a la Gobernación de Peravia, en Baní, reactivó un debate latente en el país: ¿quién responde ante la ley cuando quien atenta contra el arbolado urbano es el propio Estado? Calificada por las autoridades locales como un «mal necesario» en el marco de una remodelación de RD$57.5 millones, la acción se ejecutó sin licencias de Medio Ambiente ni del cabildo municipal, sumándose a una larga lista de talas que escapan a las sanciones que con rigor sí se aplican a ciudadanos particulares.

Un historial de intervenciones al margen de la norma

Este fenómeno no es un hecho aislado. En mayo de 2022, el entonces ministro Orlando Jorge Mera sometió a la justicia a José (Richard) Valdez Mora, director municipal de Palmarejo Villa Linda, por desmontar más de 300 árboles en un área protegida de Pantoja tras habérsele negado el permiso. Dos años más tarde, en junio de 2024, el parque Mirador Sur protagonizó otra controversia cuando la Alcaldía del Distrito Nacional debió separar a dos colaboradores tras una poda severa e inconsulta de 17 árboles, presuntamente motivada por reclamos de visibilidad hacia el mar para residentes de una torre circundante; sin embargo, el caso no arrojó mayores consecuencias judiciales.

Obras públicas y presión inmobiliaria en 2025

Durante el año 2025, el ritmo de las talas urbanas se aceleró bajo el argumento de la modernización de infraestructuras. Entre febrero y marzo, el Malecón de Santo Domingo registró la desaparición de uvas de playa y almendros, mientras que la construcción del paso a desnivel en la Plaza de la Bandera obligó al retiro de vegetación en su isleta norte. Semanas después, en julio, la opinión pública reaccionó con indignación ante el desmonte de cientos de ejemplares en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte; allí, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) amparó la intervención en una autorización de Medio Ambiente que permitía cortar hasta 901 árboles de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Esa misma presión sobre el entorno natural se trasladó a Cuesta Brava y Arroyo Hondo, donde comunitarios e Insaproma interpusieron acciones legales contra el ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, y un viceministro del Mived, denunciando la vulneración del Cinturón Verde para proyectos habitacionales.

El doble rasero institucional y el costo térmico

Casos emblemáticos como el de la anacagüita de Los Prados —despojada de su estatus de patrimonio natural antes de ser talada sin explicaciones técnicas públicas— ponen de manifiesto una dualidad recurrente: mientras la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente publicita constantes arrestos de particulares por tala ilegal, las intervenciones de dependencias oficiales suelen quedar archivadas en memorandos técnicos o justificaciones de progreso.

Especialistas recuerdan que eliminar cobertura vegetal en entornos urbanos intensifica el efecto de «isla de calor», privando a la población de la refrigeración natural que aporta la evapotranspiración arbórea y deteriorando de forma directa la salud pública en un contexto de temperaturas extremas.