Una profunda investigación de la Cámara de Cuentas remitida a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) puso al descubierto serias irregularidades que involucran desembolsos por cerca de RD$200 millones de pesos en la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur). El caso, que se desprende de la denominada Operación Lobo, señala una estructura mediante la cual se habrían pagado sobornos a personal de supervisión para sostener contrataciones públicas y evitar fiscalizaciones reales sobre los servicios prestados.

El expediente del Ministerio Público formaliza cargos contra 14 personas físicas y morales. Entre los principales implicados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, quien fungió como director de Seguridad de Edesur, y Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase). El esquema también abarca a empresas vinculadas como El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, asociadas además a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.

Un esquema sostenido en transferencias y efectivo

De acuerdo con la acusación del órgano persecutor, la empresa Senase habría canalizado sobornos mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo a lo largo de dos períodos gubernamentales (2012-2020 y 2020-2025). Estas dádivas tenían como propósito garantizar la continuidad contractual con el Estado y agilizar trámites administrativos internos, neutralizando cualquier intento de supervisión o reporte de fallas en la prestación de la seguridad física.

La auditoría especial solicitada por la Pepca abarcó el período comprendido entre marzo de 2017 y marzo de 2025. El origen de las operaciones fue el contrato 0215-2017, firmado en septiembre de 2017 por un monto original de RD$104.7 millones para vigilar instalaciones del bloque 2 en Santo Domingo Norte y San Cristóbal. Dicho acuerdo fue extendido mediante cuatro adendas que incrementaron las tarifas horarias y postergaron sucesivamente los plazos hasta el 30 de junio de 2021.

Millones desembolsados sin amparo contractual

El hallazgo más contundente de los auditores documenta que, tras la culminación de la cuarta adenda en junio de 2021, Edesur realizó 14 pagos por más de RD$60.8 millones de pesos sin contar con un contrato legalmente vigente. La distribuidora justificó estos desembolsos directos bajo el argumento de mantener la continuidad de la vigilancia mientras se abrían nuevas licitaciones, basándose en comunicaciones internas emitidas por la propia Dirección de Seguridad que dirigía Robles Díaz, a pesar de que el área de compras había advertido que extender el vínculo contravenía la Ley de Compras y Contrataciones.

El órgano de control desestimó los descargos de la entidad eléctrica y confirmó graves omisiones documentales en los expedientes de pago analizados:

• RD$187.7 millones tramitados sin certificaciones al día de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
• RD$183.3 millones sin constancia de disponibilidad de cuota o certificación de fondos públicos.
• RD$179.8 millones carentes de formularios de recepción conforme de los servicios.
• RD$68.7 millones pagados sin orden de compra ni respaldo contractual formal.
• RD$19.3 millones en documentos de pago que carecían por completo de sellos y firmas oficiales.

Asimismo, los auditores detectaron inconsistencias como pagos cruzados con soportes de otras compañías de seguridad y registros con fechas alteradas, elementos que forman parte central de la acusación con la que el Ministerio Público busca sancionar penalmente el entramado.