En un contundente golpe a las estructuras de desvío de fondos públicos en el sector salud, el Ministerio Público ejecutó la denominada Operación SeNaSa 2.0-A, la cual dejó bajo custodia judicial a 28 personas, entre las que figuran excolaboradores del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), personal médico y ciudadanos particulares. Los imputados permanecen recluidos en el centro preventivo del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras los fiscales formalizan las solicitudes de medidas de coerción dentro del plazo de 48 horas establecido por la Constitución.

Las órdenes de arresto y allanamiento fueron dictadas por la magistrada Ana Lee Florimón, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras peticiones encabezadas por los titulares de la Pepca y la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho y Mirna Ortiz. La pesquisa tomó tracción tras una denuncia institucional de SeNaSa a finales de noviembre de 2024, en la que se alertaba sobre irregularidades sistemáticas en la emisión de autorizaciones médicas entre enero de 2021 y septiembre de 2024.

Un esquema sostenido desde el call center

El modus operandi de la presunta red consistía en utilizar diversas líneas telefónicas para tramitar aprobaciones apócrifas de cirugías complejas, consultas especializadas y procedimientos ambulatorios a través del centro de contacto de la ARS pública. Los procedimientos eran cargados al sistema sin el consentimiento ni el conocimiento real de los afiliados afectados. De acuerdo con las estimaciones preliminares del órgano persecutor, estas maniobras provocaron un desfalco cercano a los RD$40 millones.

Para fundamentar las imputaciones, los fiscales incorporaron un legajo de 37 elementos de prueba, que abarcan minuciosas auditorías médicas forenses, interceptaciones telefónicas autorizadas y certificaciones de movimientos bancarios inusuales. El despliegue de intervenciones cubrió múltiples puntos del país, con allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, donde se incautaron dispositivos electrónicos, libros contables, sumas de dinero en efectivo, armas y bienes vinculados a maniobras de lavado de activos.

Alcance del despliegue y antecedentes

El procurador adjunto Wilson Camacho precisó que el dispositivo movilizó a 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional, 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales y efectivos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Entre las personas cuyos domicilios o bienes fueron allanados figuran Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Juan Henry Poueriet, Einstein Rafael Borromé Vásquez, Wellington Arístides Ledesma Cáceres, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Steven Alexander Rabassa Fernández, Marcelino Eusebio Figuereo y Eulalia Fiordaliza Castro López, entre otros señalados en la resolución judicial.

Esta segunda etapa profundiza los procesamientos iniciados en la fase preliminar del caso SeNaSa, donde se impuso prisión preventiva al exdirector ejecutivo de la entidad, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, además de medidas cautelares contra otros exfuncionarios como Gustavo Enrique Messina Cruz y Francisco Iván Minaya Pérez. El operativo se concatena además con pesquisas conexas en el sector salud, tales como la Operación Onco 14, que indaga irregularidades financieras y doble facturación en instituciones oncológicas de la región norte.