Desde las cinco de la madrugada de este viernes, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) puso en marcha un amplio operativo denominado Operación SeNaSa 2.0-A. La jornada estuvo caracterizada por un intenso movimiento judicial y policial que incluyó 37 allanamientos simultáneos dirigidos a residencias, laboratorios, clínicas y empresas del sector farmacéutico en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.

Decenas de arrestos y secuestro de evidencias

Hasta las primeras horas de la tarde, el Ministerio Público confirmó la detención de al menos 28 personas, entre las que figuran reconocidos profesionales de la salud. De acuerdo con las indagatorias preliminares, a los imputados se les atribuye haber emitido facturas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por servicios médicos y procedimientos quirúrgicos que nunca llegaron a prestarse a los afiliados. Durante los registros, autorizados por la jueza Ana Lee Florimón del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, las autoridades ocuparon dinero en efectivo, vehículos de alta gama, armas de fuego y documentación financiera clave.

Entre los nombres que trascendieron en los pasillos de la Procuraduría se encuentran al menos siete cirujanos ortopedas, el ginecólogo conocido como el “doctor Puriel” y el doctor Gabriel Ravelo, quien ejercía como subdirector del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras. Varios representantes legales señalaron que sus defendidos ya habían acudido previamente a interrogatorios en la sede investigativa previo a ejecutarse las órdenes de captura de este viernes.

Postura del Poder Ejecutivo y antecedentes del caso

El presidente de la República, Luis Abinader, se pronunció sobre las detenciones durante un acto público al mediodía, respaldando el accionar de los órganos persecutores. “Todo el que tenga mérito para ser sometido, que sea sometido. Y que esto sirva de ejemplo: el que comete un acto de corrupción va a ser sometido a la justicia y va a la cárcel”, enfatizó el mandatario, recalcando el apego al debido proceso.

Esta nueva fase profundiza los apresamientos iniciales que alcanzaron a figuras como Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo. Las autoridades sostienen que esta presunta red no solo desvió cuantiosos fondos públicos, sino que vulneró la calidad de la cobertura médica a los sectores más vulnerables del país.