El Poder Ejecutivo depositó ante el Senado de la República una propuesta legislativa destinada a regularizar y endurecer las consecuencias contra los conductores que cometan infracciones en la red vial nacional. La iniciativa, presentada formalmente por el director del fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik, pretende llenar un vacío legal tipificando conductas que hasta ahora carecían de un régimen de consecuencias específico en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El documento busca facultar formalmente la operación y fiscalización del cobro de peajes electrónicos en el país, atacando de manera frontal prácticas comunes como cruzar sin saldar la tarifa, invadir carriles no habilitados para la categoría del vehículo, circular con placas alteradas o ilegibles y destruir barreras o equipos de las estaciones de control.

Un régimen de multas escalonado

El régimen sancionador propuesto por las autoridades fija penalidades directas calculadas en función del valor del peaje evadido y la gravedad del hecho:

• Evasión simple: Quienes atraviesen la estación sin pagar se enfrentarán a una sanción económica equivalente a cinco veces el costo del peaje, estableciendo un monto mínimo legal de RD$500.
• Uso incorrecto de carriles: Desplazarse por un carril reservado para una tipología distinta de vehículo conllevará una multa de diez veces el valor del peaje.
• Placas alteradas y daños materiales: Aquellos que transiten sin placa visible, con identificaciones adulteradas o que provoquen daños físicos a las barreras e infraestructuras del peaje recibirán una penalización de veinte veces la tarifa, con una sanción mínima de RD$5,000.

La pieza estipula además que, si un mismo vehículo comete múltiples evasiones durante una misma jornada, se consolidará una única multa diaria calculada sobre la suma acumulada de los peajes no pagados. Asimismo, los montos base se ajustarán de manera bienal atendiendo al índice de precios al consumidor (IPC) reportado por el Banco Central.

Responsabilidad compartida y alcance de la medida

En cuanto a la ejecución de las penalizaciones, el proyecto establece una responsabilidad compartida entre el conductor y el titular registrado del vehículo. No obstante, el propietario podrá quedar exonerado si demuestra oportunamente que el automóvil fue transferido con anterioridad, sustraído ilícitamente o si identifica formalmente a quien conducía al momento del hecho. De no identificarse al infractor, el proceso sancionador recaerá de manera directa sobre la persona que figure en el registro oficial.

La cuantía final de las multas dependerá del peaje y la tipología vehicular de la infracción, tomando como referencia que las tarifas actuales van desde los RD$100 para vehículos livianos en puntos como la autopista Las Américas, hasta montos superiores en vías como la autopista Juan Pablo II (Samaná), donde los vehículos estándar abonan RD$500.