El Poder Judicial dominicano ha puesto en marcha un plan para reactivar los tribunales móviles dentro de los principales recintos penitenciarios del país. La iniciativa busca atacar de raíz uno de los cuellos de botella más críticos de la administración de justicia: el elevado porcentaje de internos bajo prisión preventiva y las constantes suspensiones de audiencias provocadas por dificultades logísticas en el traslado de reclusos hacia los palacios de justicia.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Justiniano Montero, explicó que el modelo contempla la instalación de furgones debidamente climatizados y acondicionados para operar como salas de audiencia. En estos espacios coincidirán jueces de la Instrucción, representantes del Ministerio Público, abogados privados y miembros de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, permitiendo desahogar expedientes directamente en los centros carcelarios.

Criterios y recintos contemplados

El esquema no abarcará la totalidad de los procesos. Para optimizar los tiempos y garantizar el debido proceso, las audiencias preliminares se enfocarán en imputados con acusación formal presentada cuyo agraviado directo sea el Estado dominicano, excluyendo aquellos litigios que demanden la comparecencia obligatoria de víctimas particulares.

El programa abarcará centros de alta densidad poblacional y con retos operativos significativos, entre los que destacan la Penitenciaría Nacional de La Victoria, los centros de Najayo, la cárcel pública del 15 de Azua, así como dependencias en las jurisdicciones de Santiago, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Independencia y Santo Domingo. Las jornadas se desarrollarán habitualmente entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, bajo la coordinación de la seguridad carcelaria y los jueces de instrucción.

Un antecedente con cifras favorables

Este mecanismo tiene su base en la resolución 5-2018 del Consejo del Poder Judicial, normativa que dio paso a un plan piloto en 2018. Durante ese primer año de operatividad, los tribunales móviles instalados en La Victoria y Najayo-Hombres lograron conocer 1,264 audiencias preliminares, logrando la conclusión formal de 867 procesos judiciales y la tramitación de 125 solicitudes administrativas en fase de instrucción.

La reactivación de este formato forma parte de un paquete de reformas más amplio que incluye la actualización del régimen disciplinario y propuestas de pactos interinstitucionales contra la corrupción. El principal reto para las autoridades judiciales radicará en garantizar la sostenibilidad del plan en el tiempo, asegurando las condiciones técnicas, el personal requerido y el estricto respeto a las garantías procesales de los privados de libertad.