Tras una maratónica audiencia de solicitud de medidas de coerción contra 26 personas vinculadas a la presunta red de desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), el titular de la Dirección Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, lanzó una enérgica advertencia a los profesionales de la salud: prestar sus códigos médicos los coloca directamente en la mira de la justicia penal.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió en gran medida la solicitud del órgano persecutor al dictar privación de libertad y otras restricciones para 24 de los 26 imputados. En total, siete personas recibieron prisión preventiva, nueve fueron colocadas bajo arresto domiciliario, seis deberán pagar garantía económica junto con impedimento de salida y presentación periódica, mientras que dos quedaron libres de medidas coercitivas.

Reclusiones en Las Parras y Najayo Mujeres

Dentro de las disposiciones del magistrado Sena, tres de los presuntos cabecillas de la red deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras: Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Wander Manuel Díaz Encarnación.

Por su parte, cuatro mujeres imputadas cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal. Se trata de Isabel Heredia Vallejos, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista.

Un llamado de alerta al gremio médico

A su salida de la sala de audiencias, Camacho calificó el fallo como "razonable" y aprovechó el escenario para enviar un mensaje directo a los galenos dominicanos. "Este es un proceso del que debemos aprender y quiero aprovechar para exhortar a los médicos a que no presten sus códigos; prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal", sentenció el funcionario, al tiempo que remarcó que de no haber mediado la cesión de credenciales por parte de 22 médicos investigados, el entramado no habría podido operar.

Camacho adelantó que este caso impulsará una campaña de prevención orientada al sector salud para evitar que más facultativos se involucren involuntaria o conscientemente en maniobras delictivas. Asimismo, advirtió con firmeza: "La investigación sobre lo sucedido en Senasa no se cierra, no concluye con esta etapa y vamos a ir por más".

El esquema delictivo al descubierto

El expediente, judicializado como Operación Senasa 2.0-A, desmantela un entramado de corrupción administrativa que presuntamente sustrajo cifras millonarias del erario público mediante la facturación de servicios médicos nunca realizados. La red se valía de la suplantación de identidades de afiliados con bajo historial de uso de su póliza, gestionando autorizaciones fraudulentas de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del propio centro de contacto (call center) de la aseguradora estatal.

Para materializar las estafas, los operadores empleaban identidades ficticias y códigos médicos cedidos, canalizando luego reclamaciones basadas en cuadros clínicos inexistentes. La indagatoria formal inició tras una denuncia presentada por la administración de Senasa a finales de noviembre de 2024, desembocando en una treintena de allanamientos simultáneos ejecutados en Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, La Vega y Cotuí.