Abinader admite que no puede garantizar ausencia total de corrupción, pero promete cero impunidad

En una comparecencia centrada en la rendición de cuentas y la transparencia institucional, el presidente Luis Abinader reconoció abiertamente que no es factible certificar la erradicación absoluta de las prácticas corruptas en el aparato estatal. El mandatario argumentó que ninguna administración en el mundo está exenta de irregularidades, pero subrayó que la diferencia de su gestión radica en el régimen de consecuencias y la ausencia de complicidad oficial cuando los hechos salen a la luz pública.
Durante la jornada, Abinader retomó su postura de que en el ejercicio del poder cuenta con amigos pero no con socios comerciales, reafirmando la consigna de que la justicia actuará "caiga quien caiga". Al mismo tiempo, hizo un llamado directo a los suplidores y contratistas del Estado a no ceder ante solicitudes de sobornos o porcentajes para tramitar pagos, instándolos a presentar denuncias formales ante las autoridades correspondientes para proceder de inmediato con destituciones y sometimientos judiciales.
Blindaje electoral y uso de fondos públicos
De cara al próximo ciclo político y con el mandatario fuera de la futura boleta electoral, se abordó el desafío de impedir que aspirantes con funciones gubernamentales desvíen recursos oficiales hacia sus campañas. Abinader enfatizó que el mandato es simplemente hacer cumplir la ley electoral vigente de manera estricta en todos los niveles electivos, calificando como un cliché insostenible la justificación de que los fondos desviados iban destinados a proselitismo partidario. En ese contexto, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, resaltó como precedente que los comicios de 2024 se desarrollaron manteniendo un balance presupuestario con superávit.
Auditorías internas y el ritmo de los procesos judiciales
Frente a las críticas por la lentitud de los procesos en los tribunales y el archivo de decenas de auditorías en el Ministerio Público sin sentencias firmes, el jefe de Estado defendió que ya existen condenas definitivas, aunque reconoció que los tiempos procesales deben ajustarse al debido proceso constitucional. Respecto a los recientes informes de la Contraloría General de la República —donde se identificaron vehículos sin transferir y viáticos pendientes de justificación clasificados como inobservancias subsanables—, Abinader defendió la publicación voluntaria de estos documentos como un hito de apertura y sostuvo que gran parte de los señalamientos corresponden a subejecuciones presupuestarias o trámites administrativos pendientes de legalización.
Transformaciones en el SeNaSa y agenda anticorrupción
El presidente también admitió las debilidades estructurales históricas en entidades sensibles como el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), las cuales permitieron irregularidades en el pasado debido a la falta de consejos directivos y auditorías internas operativas, anticipando que se requerirán reformas legislativas integrales. Paralelamente, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, detalló el paquete de reformas en curso en el Congreso, que incluye proyectos de protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interés.
Completando el balance de supervisión, el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, precisó que la entidad ha canalizado más de 15 expedientes de presunta corrupción administrativa hacia el Ministerio Público para su correspondiente investigación penal, al tiempo que destacó una reducción drástica en el tiempo promedio de pago a proveedores del Estado, reduciéndose de más de 100 días a solo 22 jornadas.