Una exhaustiva auditoría realizada al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), correspondiente al período 2021-2023, sacó a la luz importantes carencias de control interno, discrepancias en los registros contables de inversiones y proyectos de infraestructura que permanecen en desuso. La fiscalización, que abarca la gestión de José Eurípides Florentino Rodríguez, evalúa áreas neurálgicas como tesorería, activos fijos, presupuesto, compras y contrataciones en la entidad responsable de custodiar las acciones del Estado en las empresas capitalizadas.

Uno de los puntos centrales del informe es el desempeño del Sistema de Control Interno institucional, el cual obtuvo una calificación global de apenas 46.36%, categorizada como «incipiente». Los auditores de la Contraloría General de la República detectaron una ausencia notable de manuales de procedimientos y políticas formalizadas en inventarios, cuentas por pagar y cobrar, manejo de nómina y asignación de combustible. Aunque la institución aportó documentación para subsanar parte de estas observaciones, persisten desafíos estructurales en la estandarización de procesos y mitigación de riesgos.

Infraestructura comunitaria en el limbo

El reporte detalla desembolsos por RD$ 238 millones 250 mil 995 destinados a la construcción y equipamiento de obras sociales. Entre estas infraestructuras se cuentan panaderías y reposterías comunitarias, viviendas económicas, el play de béisbol Mambuiche, una funeraria municipal en Montecristi y centros de confección textil en La Cumbre y Quita Coraza.

En las inspecciones iniciales, varias de estas instalaciones —particularmente cinco panaderías— figuraban cerradas o paralizadas, como los casos de Carrera de Yegua y Villa Carmen. Asimismo, se determinó que varias obras fueron levantadas en terrenos que carecen de títulos de propiedad definitivos, amparadas únicamente en cartas de donación. El Fonper argumentó que su rol legal se limitaba a construir y equipar, dejando la operación en manos de gobernaciones y entidades receptoras; no obstante, el informe advierte sobre el riesgo de deterioro de los fondos públicos invertidos y la falta de garantías sobre su entrada en servicio.

Descuadre en las acciones de La Tabacalera

En el plano financiero, la auditoría identificó una inconsistencia de RD$ 191 millones 156 mil 800 en la cuenta de inversión de La Tabacalera, S. A. Al 31 de diciembre de 2023, los libros contables registraban un valor de RD$ 886 millones 506 mil 500, mientras que los certificados físicos de acciones bajo custodia estatal solo respaldaban RD$ 695 millones 349 mil 700 (distribuidos en dos certificados que suman 6,953,497 acciones a un valor nominal de RD$ 100 cada una).

Los auditores señalaron que la diferencia corresponde a transferencias destinadas a capital de trabajo que fueron erróneamente clasificadas como inversión en acciones sin la debida documentación de soporte. Si bien el hallazgo no acredita desvío o pérdida de fondos, se recomendó reclasificar de inmediato estos balances para evitar distorsiones en los estados financieros del Estado dominicano.

Ejecución presupuestaria y gastos operativos

El comportamiento presupuestario del Fonper también mostró fluctuaciones drásticas durante el trienio: una ejecución de apenas 16.62% en 2021, un salto atípico al 154.63% en 2022 y un 69.00% en 2023. Estas variaciones estuvieron atadas principalmente a las transferencias de capital hacia el Gobierno Central —las cuales dependen de las instrucciones del Poder Ejecutivo— y a operaciones extraordinarias como la adquisición de acciones corporativas.

En el renglón operativo, el informe fiscalizó procesos de compras y contrataciones por RD$ 242 millones 397 mil 420 y pagos de nómina por RD$ 321 millones 461 mil 546, apartados que no presentaron irregularidades de gravedad. En cuanto a los almacenes, los fiscalizadores constataron un resguardo adecuado de los suministros. No obstante, el informe final subraya la necesidad de que la entidad adopte las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y refuerce sus mecanismos de supervisión para que las inversiones de impacto social no queden varadas tras su entrega.