El Juzgado de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte dictó una garantía económica de un millón de pesos en efectivo contra Delvinson De La Cruz Sosa, de 29 años, señalado por el Ministerio Público como responsable de proferir amenazas directas y planificar un alegado atentado contra el presidente de la República, Luis Abinader.

La decisión fue adoptada por el magistrado Wilton Oniel Peguero, quien además ordenó la presentación periódica cada 15 días, impedimento de salida del país y dispuso que el imputado quede bajo la estricta vigilancia de su padre durante los seis meses que rigen estas medidas de coerción. La disposición judicial desestimó el pedimento del fiscal litigante Engels Luis Polanco, quien había solicitado la imposición de prisión preventiva debido a la gravedad de los cargos por terrorismo imputados.

Allanamientos e incautación de evidencias

El arresto de De La Cruz Sosa se materializó tras una orden judicial ejecutada en su residencia, ubicada en el sector Vista del Valle de San Francisco de Macorís. De manera simultánea, los equipos de investigación intervinieron la Ferretería Molina, localizada en la avenida Profesor Juan Bosch, establecimiento comercial donde laboraba el procesado.

Durante las pesquisas coordinadas junto a la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), los agentes ocuparon dispositivos electrónicos y diversas sustancias químicas que actualmente se encuentran bajo riguroso peritaje forense para determinar su potencial destructivo y vinculación con los hechos investigados.

La supuesta trama contra el Congreso

El expediente judicial sustenta que los organismos de seguridad del Estado detectaron indicios sobre una planificación orientada a perpetrar un acto violento en la sede del Congreso Nacional. De acuerdo con los documentos procesales que motivaron las autorizaciones de allanamiento dictadas en octubre, la presunta acción hostil estaba contemplada para ejecutarse el 6 de noviembre, fecha solemne en que se conmemora el Día de la Constitución.

El Ministerio Público, representado en la causa por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar, mantiene abiertas las líneas de investigación con el fin de dimensionar los alcances reales de las advertencias, verificar si existen otros involucrados y blindar el caso de cara a las siguientes etapas procesales.