Una exhaustiva auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) al Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) sacó a la luz importantes debilidades en los controles institucionales, falta de integración de cuentas bancarias y marcadas diferencias en el registro de activos públicos. La revisión, correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023 —etapa en la que José Ignacio Paliza fungía como ministro—, otorgó al sistema de control interno general una ponderación de apenas 59.37%, categorizada como de nivel "Mediano".

El informe subraya que, aunque las deficiencias evidencian desórdenes administrativos y vacíos en los libros auxiliares, los hallazgos no acreditan desvío deliberado de fondos ni determinan responsabilidades penales individuales directas.

Un cero rotundo en supervisión y monitoreo

La evaluación técnica aplicada bajo las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) arrojó resultados mixtos pero preocupantes en áreas neurálgicas. Mientras que renglones como Información y Comunicación (95.45%) y Actividades de Control (80.00%) lograron clasificaciones satisfactorias, el componente de Valoración y Administración de Riesgos se situó en un tímido 40.00%.

La señal de mayor alarma se registró en el acápite de Monitoreo y Evaluación, donde el Mapre obtuvo una calificación de 0.00%, catalogada como incipiente. Los auditores recomendaron a la entidad gubernamental acogerse a un plan de acompañamiento normativo con la Contraloría, levantar matrices de riesgo por departamentos e institucionalizar de urgencia las políticas de ejecución presupuestaria y donaciones, las cuales aún se encontraban en fase de elaboración durante el proceso de fiscalización.

Desfases en el parque vehicular e inventario de bienes

El punto más crítico en términos registrales se localizó en el patrimonio móvil e inmobiliario. Al cruzar los datos institucionales con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se constató la existencia de 2,083 vehículos matriculados a nombre del Mapre, frente a solo 311 unidades documentadas en el inventario auxiliar de transportación institucional, generando una brecha registral de 1,772 vehículos. Si bien la entidad argumentó que estos asientos tributarios arrastran data histórica de administraciones pasadas, los auditores ordenaron una depuración física urgente y la coordinación de descargos oficiales con Bienes Nacionales.

Asimismo, en los activos fijos se detectó un rezago significativo en el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB): los libros auxiliares internos computaban RD$1,336 millones, mientras que el SIAB apenas registraba RD$156.8 millones, dejando un 88% de los bienes muebles pendientes de asentamiento oficial. A este escenario se sumó la omisión en libros de dos solares ubicados en el sector Despradel, en La Vega, valorados en más de RD$5.7 millones.

Manejo de tesorería y contrataciones por excepción

En el capítulo de tesorería, la Contraloría detectó cinco cuentas bancarias operativas y un certificado financiero que no estaban debidamente vinculados al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Además, tres cajas chicas departamentales (Caja General, Ingeniería y Proyectos Comunitarios) sobrepasaban los límites máximos normados por la DIGECOG, acumulando un excedente conjunto de RD$700,000.

En cuanto a compras y contrataciones, el órgano fiscalizador no reportó irregularidades sustantivas directas en los 845 procesos auditados por más de RD$1,871 millones. No obstante, destaca que el 72% del monto total adjudicado (equivalente a RD$1,357 millones) se tramitó a través de 57 procesos bajo la modalidad de excepción, una proporción que, si bien está amparada por normativas específicas de la Presidencia, concentra la mayor cuota presupuestaria fuera de los concursos regulares de libre competencia.