El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso el receso del juicio de fondo seguido contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y los demás implicados en la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada bajo la denominada Operación Calamar, fijando la reanudación del proceso para el próximo 14 de octubre.

Razones procesales y condiciones de salud

La decisión fue adoptada por la magistrada presidenta del tribunal, Arlin Ventura, quien fundamentó la prórroga en la necesidad de obtener precisiones médicas actualizadas sobre el estado de salud de dos de los imputados: el exsenador de Azua, Rafael Calderón, y el excontralor general de la República, Daniel Caamaño.

De igual modo, el tribunal precisó que aún se encuentra pendiente de ponderación la solicitud de extinción penal interpuesta por la defensa de Calderón, la cual requiere un cotejo previo con la resolución emitida por la Corte de Apelación. La jueza Ventura adelantó que tanto el Ministerio Público como la bancada de la defensa podrán debatir la conveniencia de desglosar o separar los expedientes de ambos encartados a fin de evitar dilataciones adicionales en el conocimiento del fondo del proceso.

Un entramado de alto perfil

El juicio de fondo fue dictado originalmente por el Cuarto Juzgado de la Instrucción, a cargo de la jueza Altagracia Ramírez, tras considerar que el pliego acusatorio aportaba elementos probatorios suficientes. En la lista de procesados también figuran el jurista Ángel Lockward, Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández, Mabel Mejía, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Pichirilo.

Las imputaciones formuladas por el órgano persecutor abarcan asociación de malhechores, desfalco al Estado, coalición de funcionarios, falsedad en documentos públicos, soborno, lavado de activos y financiamiento político ilícito.

El presunto desvío de fondos

De acuerdo con la acusación formal, la estructura criminal habría orquestado la sustracción de más de 19,000 millones de pesos del erario. Este esquema se habría ejecutado principalmente mediante libramientos irregulares vinculados a la expropiación fraudulenta de terrenos declarados de utilidad pública y cobros ilícitos impuestos al sector de los juegos de azar, recursos que presuntamente fueron destinados a sustentar la campaña electoral del año 2020.