La Contraloría General de la República (CGR) dispuso la modificación de varios puntos críticos en el informe de auditoría aplicado al Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre), tras ponderar las justificaciones y pruebas documentales remitidas por la entidad gubernamental. El proceso fiscalizador corresponde al período comprendido entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, lapso en el que la institución estuvo bajo la dirección de José Ignacio Paliza, actual ministro de la Presidencia.

A través de una comunicación formal dirigida al actual ministro administrativo, Andrés Bautista García, el órgano rector del control interno reconoció que varias de las debilidades detectadas se encuentran en proceso de regularización. No obstante, advirtió que los hallazgos que no experimentaron variaciones requerirán de un plan de acción correctivo de obligatorio cumplimiento, el cual deberá ser entregado en un plazo máximo de quince días laborables conforme a la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación.

Precisiones sobre presupuesto y cajas chicas

Uno de los aspectos donde la Contraloría aceptó reconsiderar su postura fue el referente a la presunta subejecución presupuestaria, originalmente estimada en más de 346 millones de pesos. El Mapre demostró que durante el año 2022 alcanzó una ejecución en devengado del 96% de un presupuesto vigente de RD$ 2,787.9 millones, mientras que en 2023 devengó el 92% de los RD$ 2,854.8 millones asignados, atribuyendo los saldos no programados al régimen de cuotas trimestrales y tiempos contractuales.

En materia de tesorería, el ministerio justificó las medidas adoptadas para corregir el manejo de los fondos de caja chica, los cuales superaban los montos reglamentarios. La institución notificó la clausura definitiva de las cajas asignadas a Nutrición, Ingeniería, Proyectos Comunitarios y Tecnología, manteniendo operativas únicamente la Caja Chica Principal (RD$ 500,000) y la de la Oficina de la Primera Dama (RD$ 200,000), además de avanzar en la integración de estos fondos al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Control de cuentas y regularización de pagos

Respecto a la observación original sobre siete cuentas bancarias supuestamente al margen del SIGEF, la CGR decidió excluir parcialmente del hallazgo la cuenta correspondiente al Fondo Rotatorio de Viáticos, tras confirmar que sí contaba con el registro debido. Para el resto de los productos financieros señalados, el órgano auditor exhortó a completar los trámites pertinentes ante la Tesorería Nacional.

Asimismo, el Mapre asumió el compromiso de incorporar de forma formal un cronograma de pagos a proveedores en sus manuales de procedimientos, lo que motivó a la entidad fiscalizadora a anunciar una modificación a este acápite de la auditoría.

Desafíos persistentes: inmuebles, vehículos e inventarios

Donde persisten las mayores observaciones es en el área de bienes y patrimonio. En relación con los activos fijos, la Contraloría mantuvo el hallazgo al constatar desfases históricos entre el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB) y los registros auxiliares, pese a que la institución reportó levantamientos físicos y una actualización valorada en más de RD$ 2,456 millones al cierre de 2024.

En cuanto al parque vehicular, se mantiene bajo observación una brecha de 1,772 unidades que figuran registradas a nombre del ministerio en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) pero no constan en sus libros auxiliares. El Mapre explicó que gran parte de estos vehículos fueron donados a terceros en administraciones pasadas y que su departamento legal gestiona los descargos y traspasos de matrícula.

En el renglón de terrenos, la Contraloría adelantó que adecuará la observación sobre inmuebles emblemáticos como el Palacio Nacional, Casa Vapor y Maharishi (valorados en más de RD$ 1,108 millones), debido a que su titularidad legal corresponde al Estado dominicano y no al ministerio como entidad particular. Por el contrario, se mantuvo vigente el hallazgo sobre dos solares ubicados en el sector Despradel de La Vega, valorados en RD$ 5.7 millones, cuya documentación original continúa bajo búsqueda en los archivos oficiales.