Hay condicionamientos geográficos que la política puede intentar gestionar, pero jamás borrar. La coexistencia insular entre la República Dominicana y Haití se asemeja a la de dos cuerpos con identidades, trayectorias e idiomas distintos, pero atados indisolublemente a una misma base territorial. En un escenario donde el Caribe contempla nuevos despliegues armados, el riesgo inminente de una catástrofe humanitaria y crecientes tensiones migratorias, el desafío bilateral exige despojarse de lecturas viscerales y superficiales para entender que la estabilidad de una mitad de la isla depende invariablemente de la contención del colapso en la otra.

La ilusión de la fuerza y el tablero regional

El reciente despliegue de más de dos mil efectivos de élite ordenado por el gobierno de El Salvador, tras el ataque y secuestro de soldados de la misión multinacional en Croix-des-Bouquets, ha reavivado la fascinación por el denominado «modelo Bukele». Sin embargo, creer que la mano dura por sí sola erradicará el caos en Haití constituye un espejismo geopolítico. Este tipo de incursiones operativas solo resultan viables gracias al soporte tecnológico, satelital y logístico de Washington, así como a las facilidades tácticas y de espacio aéreo concedidas por la administración del presidente Luis Abinader desde territorio dominicano. Si el uso de la fuerza no viene acompañado de una estrategia duradera de reconstrucción institucional respaldada por un esquema similar a un Plan Marshall internacional, cualquier intervención armada será un destello pasajero que dejará intactas las cenizas de la anarquía.

Mutaciones del poder: de las tiranías a los carteles urbanos

La violencia desenfrenada que azota a Puerto Príncipe no obedece a un fenómeno espontáneo, sino a un histórico proceso de desarticulación del Estado. Ya en 1949, Alejo Carpentier desnudó en su obra El reino de este mundo las paradojas del poder insular a través de la figura de Henri Christophe, evidenciando cómo la emancipación puede degenerar en tiranía. En la era contemporánea, tras la caída del régimen de los Duvalier en 1986, las sucesivas administraciones civiles y juntas militares recurrieron de forma sistemática a milicias privadas y al paramilitarismo. Aquellas estructuras —que van desde los temidos Tonton Macoute de François Duvalier hasta los Chimères de Jean-Bertrand Aristide y las concesiones otorgadas bajo la presidencia de Jovenel Moïse— han evolucionado hasta conformar los carteles urbanos que dominan la capital.

Hoy en día, figuras criminales como Jimmy Chérizier, alias «Barbecue» (al frente de la coalición Viv Ansanm), Wilson Joseph, alias «Lanmò San Jou» (cabecilla de los 400 Mawozo), Vitel’Homme Innocent y Johnson André («Izo»), desafían de manera abierta el monopolio de la fuerza estatal. Esta asimetría se profundizó cuando la comunidad internacional desmanteló el ejército regular haitiano a finales del siglo XX, cometiendo un error estratégico de consecuencias comparables a las de Irak: privar al Estado de su columna defensiva y dejar a una policía precaria frente a bandas con superioridad de fuego y financiamiento ilícito.

La carga sobre República Dominicana y la inacción global

Con más de dos millones de desplazados internos, centros de salud asediados y la mitad de su población en emergencia alimentaria, la tragedia humana la sufre a diario el pueblo haitiano. No obstante, en términos regionales, el Estado dominicano ha sido el actor que ha amortiguado en solitario el impacto directo del colapso vecino, absorbiendo enormes costos presupuestarios en servicios públicos de salud, asistencia y control fronterizo. Este panorama se agrava con la inminente suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, medida que amenaza con empujar deportaciones masivas hacia un territorio devastado.

Resulta contradictorio que las potencias occidentales demanden estabilidad en el Caribe mientras eluden un financiamiento sustantivo para levantar la institucionalidad haitiana. Para la República Dominicana, la salvaguarda de la soberanía no puede reducirse a la vigilancia de contención o a la retórica del miedo; demanda una visión estratégica, firme y lúcida que entienda que la defensa real de nuestro territorio exige una política de Estado inteligente y un desarrollo presupuestario efectivo en la propia frontera.