Las estadísticas oficiales de criminalidad y el sentir cotidiano del dominicano de a pie no siempre caminan al mismo ritmo. Así lo reconoció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al explicar que las cifras a la baja en muertes violentas y la persistente percepción de inseguridad ciudadana no son posturas contradictorias, sino realidades que evalúan dinámicas distintas.

De acuerdo con los datos presentados por la funcionaria, la República Dominicana registra una tasa acumulada de homicidios de 7.41 por cada 100 mil habitantes, un registro histórico si se compara con el 21 por 100 mil documentado en el año 2011, cuando se iniciaron estas mediciones formales. No obstante, Raful fue enfática: registrar menos muertes violentas no significa de manera automática que la población deba sentirse en total calma.

Convivencia y raterismo: el verdadero desafío barrial

La titular del cuerpo del orden subrayó que la sensación de zozobra que experimentan las comunidades está estrechamente ligada a las vivencias del día a día: los asaltos menores, los robos comunes y, de forma contundente, las rencillas entre vecinos. En ese sentido, reveló un dato revelador para entender la violencia en el país: el 66% de los homicidios intencionales no responde a estructuras del crimen organizado, sino a conflictos sociales y de convivencia entre ciudadanos.

Desde el Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana, Raful sostuvo que el objetivo de las autoridades no es desestimar la preocupación colectiva, sino enfrentarla con políticas públicas directas en los sectores más vulnerables.

Patrullaje activo y remozamiento institucional

Respecto a la presencia policial, la funcionaria detalló que se ha logrado elevar la operatividad en el terreno: anteriormente, de una fuerza de 38 mil agentes, solo el 12% realizaba labores preventivas en las vías públicas, proporción que hoy se sitúa en un 31%. A pesar de este incremento, reconoció que el despliegue continúa siendo insuficiente.

Para subsanar estas carencias, el Estado avanza en la adquisición de vehículos, herramientas tecnológicas y el remozamiento de la infraestructura policial. De unas 500 dotaciones que fueron diagnosticadas en condiciones precarias, más de 100 cuarteles ya han sido intervenidos.

En sintonía con estas declaraciones, el presidente Luis Abinader reiteró la línea dura del Poder Ejecutivo frente al delito, enfatizando que no hay espacio para la complacencia estadística: «Un solo homicidio es demasiado. Un solo robo de una yipeta, de un celular, es demasiado. Un solo asalto es demasiado».