El mapa de representación política en el Congreso Nacional experimentará un giro drástico en las elecciones generales de 2028. De acuerdo con el borrador de resolución que la Junta Central Electoral (JCE) ha remitido a las organizaciones políticas para consulta, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional absorberán casi la mitad del recorte mandatado por la reciente reforma constitucional.

La reforma promulgada en 2024 ordenó suprimir 20 escaños territoriales, reduciendo la matrícula de diputados de circunscripción de 178 a 158. Al sumar los cinco legisladores nacionales y los siete representantes de ultramar, la Cámara Baja operará con un total de 170 miembros. En esta nueva distribución, la provincia Santo Domingo sufrirá la baja más sensible: pasará de 43 a 35 representantes (ocho menos), mientras que el Distrito Nacional descenderá de 18 a 17, acumulando una merma de nueve escaños para el Gran Santo Domingo.

Un reajuste que abarca a todo el país

Aunque la mayor carga recae sobre la principal plaza electoral del país, otras demarcaciones del interior también verán mermadas sus delegaciones legislativas. Santiago pasará de 18 a 17 curules; San Cristóbal de 10 a 9; La Vega de 7 a 6; y Puerto Plata de 6 a 5.

En ese mismo orden, San Pedro de Macorís y La Altagracia bajarán de cinco a cuatro representantes; Azua disminuirá de cuatro a tres; mientras que Barahona, Sánchez Ramírez, Valverde y María Trinidad Sánchez reducirán sus bancadas de tres a dos diputados. En la gran mayoría de las provincias afectadas la reducción es de una sola curul, contrastando ampliamente con la pérdida de ocho que encara la provincia Santo Domingo.

La matemática del padrón electoral

El cambio fundamental radica en que la asignación ya no toma como referencia los censos de población, sino el padrón electoral oficial. Según lo contemplado en la Primera Disposición Transitoria constitucional, para 2028 debe aplicarse el registro de mayo de 2024, compuesto por 8,145,548 votantes. Tras excluir a los 863,785 dominicanos empadronados en el exterior —quienes eligen exclusivamente a sus siete diputados de ultramar—, el órgano de comicios trabajó sobre un universo de 7,281,763 electores locales.

Al dividir esta cifra entre los 158 escaños territoriales, se fijó un factor de reparto de 46,087 electores por diputado. La regla de asignación descarta de plano el redondeo o los decimales: se adjudican tantas bancas como veces completas quepa el factor en el padrón provincial.

Este método estricto dejó situaciones limítrofes. Por ejemplo, San Pedro de Macorís obtuvo un cociente de 4.98 con sus 229,372 electores, quedando a tan solo 1,063 inscritos de retener su quinto escaño. Un caso similar ocurre en Barahona, que con un índice de 2.95 se mantendrá con dos curules por un déficit de 2,518 electores.

Por mandato del artículo 81 de la Carta Magna, ninguna provincia puede contar con menos de dos legisladores. Esta cláusula protege a doce provincias que no logran alcanzar el umbral mínimo del cociente, destacando el extremo de Pedernales, cuyo padrón de 19,720 electores arroja apenas un factor de 0.42 pero garantiza dos bancas.

Consulta a las organizaciones políticas

El órgano electoral otorgó a los partidos un plazo formal de 15 días, con fecha límite fijada para el 26 de noviembre a las 4:00 de la tarde, para presentar por escrito cualquier reparo, observación o propuesta respecto al borrador, conforme a la comunicación suscrita por el secretario general de la entidad, Sonne Beltré Ramírez. Tras esta etapa consultiva, el pleno de la institución definirá de manera definitiva la correlación territorial para el próximo certamen electoral.