A casi un cuarto de siglo de la promulgación de la Ley 87-01, el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) se sitúa nuevamente en el centro de la agenda pública. Diversos especialistas, analistas y legisladores coincidieron en que, si bien el país ha logrado avances sustanciales en la afiliación nominal, persisten debilidades estructurales que impiden una cobertura de salud efectiva, encarecen el gasto familiar y amenazan la viabilidad a largo plazo del sistema de pensiones.

Durante una jornada de análisis en el espacio RD Debate 2026, organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), se expusieron diagnósticos profundos sobre el funcionamiento de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), la gestión de las reservas públicas, la informalidad laboral y los mecanismos de gobernanza del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

Cobertura efectiva, copagos y la situación de SeNaSa

Uno de los puntos centrales del debate fue la brecha entre tener un carnet de seguro y recibir atenciones médicas oportunas sin incurrir en altos costos. El economista Juan Manuel Sontag advirtió que cerca del 20 % del presupuesto familiar en República Dominicana se destina al gasto de bolsillo debido a copagos y topes de cobertura, enfatizando que la discusión debe centrarse en la calidad de los servicios más que en el volumen de afiliados.

Por su parte, la abogada especialista en derecho de la seguridad social, Leymi Lora, resaltó que, aunque el 98 % de la población cuenta con afiliación formal, existe un profundo desconocimiento ciudadano sobre sus derechos. En la misma línea, el analista Francisco Tavárez cuestionó los límites en los planes de salud y criticó que el aumento en la cápita no se haya traducido en una reducción proporcional de los costos para los usuarios.

Respecto a la controversia reciente en torno al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la especialista Nélsida Marmolejos reclamó mayor rigor administrativo y transparencia en el manejo de los fondos públicos. En defensa de la entidad, el director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, sostuvo que el uso de unos RD$14 mil millones de las reservas institucionales se canalizó hacia programas sociales sin comprometer la cobertura de los afiliados, aunque reconoció que los controles deben reforzarse.

Fiscalización, compras conjuntas y cambios a la Ley 87-01

Frente a las quejas por cobros indebidos y trabas en la entrega de medicamentos de alto costo, Elías Báez planteó la creación de una Fiscalía especializada en Seguridad Social para sancionar violaciones al sistema, además de promover compras conjuntas de fármacos entre ARS para abaratar tratamientos oncológicos hasta en un 70 %.

En cuanto a la gobernanza del CNSS, Francisco Tavárez propuso televisar las sesiones del organismo para garantizar la transparencia pública y despolitizar su dirección, sugiriendo que sea presidido por un perfil técnico especializado en lugar del ministro de Trabajo. Por su lado, el diputado Rafael Castillo, presidente de la comisión bicameral que analiza la reforma legislativa, criticó el uso de resoluciones administrativas que alteran el espíritu de la Ley 87-01 sin pasar por el escrutinio del Congreso Nacional.

Pensiones, retiro gradual y el reto de la informalidad

La viabilidad del esquema previsional generó un intercambio clave sobre la edad de retiro y la baja tasa de cotización en el mercado laboral dominicano, donde la informalidad ronda el 53 %. Rafael Castillo consideró necesario evaluar un aumento gradual de la edad de jubilación hacia los 65 años mediante esquemas generacionales que no perjudiquen a quienes están próximos a retirarse.

Leymi Lora coincidió en que cualquier ajuste debe ser progresivo y subrayó la urgencia de diseñar mecanismos flexibles que permitan a los trabajadores independientes e informales incorporarse y cotizar según sus niveles de ingreso. Asimismo, los expositores demandaron la implementación definitiva de la atención primaria como puerta de entrada preventiva al sistema, mayor inclusión de coberturas para la salud mental y la regularización formal de la mano de obra extranjera para fortalecer las finanzas del sistema.