Supérate desmiente a la Fuerza del Pueblo y defiende la transparencia en el padrón de ayudas sociales

El debate en torno a la gestión de las ayudas sociales en la República Dominicana se intensificó tras el cruce de declaraciones entre el principal partido de oposición y la administración estatal. La dirección del programa Supérate rechazó categóricamente los señalamientos formulados por la Fuerza del Pueblo (FP), organización que denunció supuestas inconsistencias en el padrón de beneficiarios y el manejo de los fondos públicos.
Las imputaciones de la Fuerza del Pueblo
El exvicepresidente de la República y dirigente de la FP, Rafael Alburquerque, afirmó que alrededor de 700,000 familias fueron incorporadas a los programas de subsidios a partir de 2022 sin pasar previamente por el filtro del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).
De acuerdo con la entidad opositora, estas supuestas incorporaciones al margen de los procedimientos regulares habrían significado un gasto superior a los RD$8,196 millones anuales durante el último quinquenio. Alburquerque y su organización solicitaron una intervención formal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y de la Cámara de Cuentas, argumentando que se estarían utilizando recursos estatales con fines clientelistas para favorecer a simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), especialmente a través de iniciativas temporales como el Bono Navideño.
La respuesta de la dirección de Supérate
Ante estos cuestionamientos, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, salió al paso para desestimar los alegatos, calificándolos de infundados y asegurando que las transferencias monetarias operan bajo estrictos estándares de transparencia y rigor técnico.
Jiménez sostuvo que la política social del Estado responde a una estrategia de focalización directa hacia los hogares que viven en condiciones extremas de vulnerabilidad y pobreza. Asimismo, puntualizó que la oposición incurre en una mala interpretación de las normativas que rigen iniciativas coyunturales como el subsidio de diciembre.
"Entiendo que no leyeron la resolución de manera íntegra. Es muy clara en establecer la focalización. Es totalmente falso que no se utilice el Siuben para identificar a los beneficiados", precisó la funcionaria, haciendo alusión a la reglamentación vigente (resolución DG-071-2026), cuyo articulado estipula que los receptores deben calificar bajo los índices de privación y afectación socioeconómica evaluados por el órgano rector del sistema de beneficiarios.
El enfrentamiento deja en evidencia que el manejo de la política asistencialista y su fiscalización continuarán ocupando un espacio neurálgico en la arena política nacional de cara al debate institucional.