En un mensaje contundente y cargado de simbolismo institucional, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) aprovechó la conmemoración del 182 aniversario de la Carta Magna en San Cristóbal para trazar una línea roja frente a los abusos de poder y las ejecuciones extrajudiciales. Durante una audiencia solemne encabezada por el presidente del órgano jurisdiccional, Napoleón Estévez, los magistrados recordaron que el Estado de derecho no admite excepciones cuando se trata de tutelar la vida y las garantías ciudadanas.

El magistrado Domingo Antonio Gil fue el encargado de elevar el tono del acto al desglosar el alcance del artículo 69 constitucional, relativo a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. En su intervención, Gil puntualizó que el acceso a una justicia pronta, oportuna y transparente no es optativo, sino un mandato vinculante que rige sobre toda la estructura estatal, señalando expresamente a los cuerpos armados y policiales encargados de perseguir la delincuencia.

Sin espacio para la ley del talión

«A los tribunales hemos de acudir todos, gobernantes y gobernados. Óigase bien, sin excepción alguna, lo que incluye, obviamente, a militares y policías cuando de reclamar y salvaguardar derechos se trate», subrayó Gil frente a las máximas autoridades civiles y militares congregadas en la cuna de la Constitución. El juez advirtió que ignorar este mandato degradaría la convivencia democrática: «Esa es la vía que el Estado de derecho y toda sociedad civilizada debe tomar. De lo contrario, todo será una selva».

El jurista fue enfático al recalcar que el marco jurídico dominicano descarta de raíz cualquier vestigio de justicia por mano propia: «En nuestra Constitución está prohibida la justicia del talión: la del ojo por ojo y diente por diente», sentenció, invocando la superación de estos arcaísmos punitivos en una sociedad democrática.

Un llamado de atención en un contexto crítico

El señalamiento del magistrado no pasó desapercibido en el auditorio, donde se encontraba presente el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García. La institución del orden se encuentra bajo el escrutinio de diversos sectores de la sociedad debido al marcado incremento de supuestos delincuentes abatidos en los denominados «intercambios de disparos», con registros que sitúan en al menos 56 los fallecidos en estas circunstancias durante el último mes de octubre.

Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez, remarcó que las reflexiones emitidas durante la sesión tienen como propósito medular recordar a cada funcionario que el juramento constitucional no es un formulismo, sino un compromiso irrenunciable con la legalidad. Al solemne evento, que ratificó la vigencia de los principios democráticos proclamados por primera vez en 1844, asistió además la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.